El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió este lunes 24 de marzo ratificar la sanción contra la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, tras rechazar la apelación que presentó en el marco de una denuncia por violencia política de género, interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld.
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Este 25 de marzo, Verónica Abad reaccionó en su cuenta de X a la resolución del Tribunal. Detalló que hay varias irregularidades en el proceso.
La sanción de Verónica Abad
Con tres votos a favor, el pleno del TCE confirmó la resolución de primera instancia que dispuso una multa de 14 100 dólares, equivalente a 30 salarios básicos unificados, y la suspensión de los derechos políticos de Abad por un período de dos años.
La decisión fue tomada luego de que el juez Guillermo Ortega resolviera en primera instancia en el mismo sentido.
Verónica Abad rechazó la resolución
Desde Turquía, la vicepresidenta Verónica Abad reaccionó a la decisión a través de su cuenta de X. Recordó que ya había denunciado irregularidades en el proceso mientras se encontraba en Israel, donde ejercía funciones como delegada presidencial.
Afirmó que no ha sido notificada conforme a la ley y sostuvo: “No he firmado, ni recibido, recepción alguna personal”. También aseguró que “no existe una sola prueba” que demuestre que sus declaraciones constituyen violencia política de género. Según dijo, el juez Fernando Muñoz lo manifestó así durante la audiencia.
Además, anunció que presentó una denuncia por prevaricato contra el juez Guillermo Ortega ante la Fiscalía General del Estado y cuestionó la legitimidad del proceso: “¿Podremos creer en un proceso electoral justo para los ecuatorianos?”, escribió.
Efectos jurídicos de la sentencia contra Verónica Abad
Edison Guarango, abogado constitucionalista, indicó que la sentencia del TCE es definitiva. Explicó que solo es posible presentar recursos de aclaración o ampliación, que no modifican el fondo del fallo.
Señaló que también puede interponerse una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Este recurso aplicaría si se considera que hubo una vulneración de derechos en el proceso.
Guarango agregó que el Ministerio del Trabajo debe inscribir el impedimento para ejercer cargo público. Sin embargo, advirtió que la Corte Constitucional ya ha señalado que la vicepresidencia no es equiparable a un cargo público común. Por ello, una eventual destitución no puede hacerse por vía administrativa. En su lugar, debe seguirse el procedimiento establecido en la Asamblea Nacional.
