Luis Verdesoto, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), remitió el primer informe sobre la investigación del caso denominado Arroz Verde a la Fiscalía y a la Contraloría este martes 6 de agosto del 2019. Foto: EL COMERCIO
Un primer informe sobre la investigación del caso denominado Arroz Verde fue remitido a la Fiscalía y a la Contraloría por parte del vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto.
Esa información se entregó hoy, martes 6 de agosto del 2019. Según Verdesoto, la decisión de presentar esa información se tomó después de que se ha cumplido el plazo de 30 días que tenía la dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y la Presidencia del CNE para pronunciarse sobre los avances en dicha investigación.
La resolución para que se inicie la investigación se resolvió en el Pleno, el 30 de mayo pasado.
Verdesoto explicó que su equipo utilizó la base de datos entregada por los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, que publicaron una nota periodística sobre los aportes de campaña al movimiento Alianza País (AP).
También hizo un cruce de cuentas “manual” con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para corroborar el patrimonio con el que contaban los aportantes; además de la contabilidad presentada por AP, al Consejo Nacional Electoral.
Verdesoto dijo que entre sus hallazgos están al menos cinco esquemas para la entrega de aportes a Alianza País, evadiendo la prohibición de que personas jurídicas entreguen recursos a las campañas y de los montos permitidos para esos aportes.
Los esquemas de los cuales habla el consejero de minoría incluyen la presencia de un empresa que entrega productos o servicios, un intermediario que obtiene una comisión, un proveedor y un testaferro.
Hay 78 contribuyentes con donaciones superiores a los USD 10 000. Verdesoto señaló que, al revisar la información pública con la que cuenta el SRI, se constató que los donantes no tienen una clara fuente de ingresos.
De esos 78, Verdesoto señaló que 28 no tienen un patrimonio claro que respalde la entrega de esos recursos.
En el informe también se señala que las facturas de compra de bienes y servicios para la campaña electoral de AP tienen información poco clara y “con alta dispersión de precios que podría ser consecuencia de una entrega parcial de información respecto a los productos comprados”.