En vista de que el ex presentador de noticias, Carlos Vera, no presentó las firmas necesarias para empezar el proceso revocatorio en contra del presidente Rafael Correa, los formularios y las rúbricas, caducaron.
Así lo aseguró a EL COMERCIO, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon la tarde de ayer.
“El señor pidió un formulario y no lo presentó en los 180 días que establecía la Ley, sencillamente ya no hizo uso de ese formulario. Está tácitamente caducado el formulario”, recalcó. Este Diario intentó comunicarse telefónicamente con Vera, pero no contestó. A través de su cuenta en Twitter, Vera explicó que su iniciativa se vio afectada por las decisiones que en las últimas semanas adoptaron el CNE y la Corte Constitucional (CC).
El primer organismo reglamentó que los firmantes debían haber votado en las últimas elecciones. En cambio, la Corte dictaminó que la revocatoria se dará solo si la autoridad impugnada lo acepta.
Vera ha dicho públicamente haber reunido al menos 1 350 000 firmas de las 1 579 000 necesarias (15% de los electores) para pedir el referendo revocatorio y que esperará a que la Asamblea reforme la Ley de Participación Ciudadana y plantee las reglas de juego definitivas.
Los magistrados constitucionales dispusieron la suspensión de los procesos de revocatoria hasta que la Asamblea Nacional regule los requisitos y procedimientos para hacer efectivo “este derecho de participación”.
Pero Vera, así la Asamblea haga las reformas previstas, no podría pedir un nuevo formulario ni usar esas rúbricas, según Simon. “Se puede iniciar otro proceso revocatorio del Presidente, pero otra persona, Vera ya tuvo su oportunidad”.
Es decir, si otra persona pide un formulario puede iniciar una nueva recolección de firmas.
¿No puede Carlos Vera guardar esas firmas para luego? “No, que se guarde las firmas de recuerdo”, respondió Simón. Agregó que si permitieran que esas rúbricas se usen luego, sería como si se le hubiera ampliado el plazo.
Mientras tanto, el activista político esperará el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí tramita el caso. Pues, a su criterio, se han violentado los artículos 8, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos con el trámite que las autoridades locales dieron al pedido de revocatoria que él inició hace seis meses.