16 de February de 2011 00:00

‘Las veedurías no son una amenaza al Estado’

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Alicia Arias considera que   falta trabajar en la motivación de la ciudadanía para la participación activa y que el Estado debe aportar y no temer por su trabajo.

¿El concepto de veedurías ciudadanas se reforzó en la Constitución del 2008 pero ahora parece que estorba?

Hay un avance en la Constitución para el uso de estos mecanismos. Lo que pasa es que por un lado tenemos unos principios constitucionales que fomentan los mecanismos de transparencia y la participación ciudadana y por otro no sabemos los ciudadanos cómo ejercer esos mecanismos y el Estado tampoco.

¿Qué pasa en el Gobierno?, ¿cómo entienden estos mecanismos ciudadanos?

En un inicio, el Estado está abierto a recibir las veedurías, pero al momento que estas tienen resultados no saben cómo reaccionar. El Estado tiende a controlar los resultados de un proceso que pertenece a los ciudadanos. Sienten temor y lo toman como una amenaza para su trabajo.

Es decir, ¿su intención de crear el ‘poder ciudadano’ de repente se quedó en el discurso político?

Lo ven como una amenaza y lo ven como que les presionan para mejorar el sistema. Las veedurías ayudan a pulir lo que están haciendo y los ciudadanos tienden a confundir un mecanismo de control social con un mecanismo de fiscalización.

¿Acaso buscan los veedores ocupar el espacio de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía?

Justamente, no hay claridad en esto para los ciudadanos. Las veedurías sirven para complementar la labor del sector público y ayudar a mejorarlo. Si se fiscaliza se toman atribuciones que no competen. Es necesario un equilibrio en lo que se hace.

¿Los informes de las veedurías son claves si se los hace paulatinamente? La veeduría de los contratos de Fabricio Correa solo entregó uno, al inicio de su labor.

Es un error. La idea es que se mantenga al tanto de todo lo que se hace periódicamente ante la ciudadanía. Los informes deberían tener dos cosas: lo que he observado y opciones de cómo mejorar. El informe se debe entregar primero a los ciudadanos. Pero no entregarlo solo como noticia, sino tener un diálogo con la institución. El problema es que no hay normas claras aún.

El Consejo de Participación hizo un instructivo para la veeduría de los contratos del hermano del Presidente y dice que se cambió el objeto unilateralmente. ¿Quién está equivocado?

Realmente no se necesita uno. El instructivo debe ser nada más una ayuda para la forma en que se va hacer la labor, pero no puede restringir derechos. Incluso he visto borradores de reglamentos que tienden a limitar el informe de la veeduría.

Y cambiaron el objeto de la veeduría, ¿eso fue legítimo?

La veeduría debe establecer su objetivo y comunicar a la ciudadanía. La institución puso un objetivo y si se cambiaron los objetivos, debería estar bien fundamentado. Lo que rige es la transparencia de lo que estoy haciendo. El error fue que no nos informaron periódicamente cómo avanzaba la veeduría. El problema sería si no está fundamentado lo que se dice en el informe.

Pero el Consejo no aprobó nunca el cambio del objeto de esta veeduría particular.

Ellos no le pueden decir a l ciudadano que observe y que no observe. Es una libertad del ciudadano. Este informe también se demoró más porque el acceso a la información fue limitada.

¿A qué se debe?

Las autoridades tienen miedo de entregar información.

¿No solo entonces es responsabilidad de las autoridades sino también de los ciudadanos la aplicación de estos mecanismos?

Como ciudadanos debemos ser más ágiles para poder participar. Buscar qué recursos tenemos. El Estado debe ver estos mecanismos como una oportunidad de complementariedad y de mejora y no como una amenaza.

¿La persecución del Gobierno a los veedores de Fabricio Correa desmotiva a los ciudadanos?

La imagen que se da es que no es un mecanismo que se puede usar porque no es efectivo y al final mi voz (como ciudadana) no fue escuchada. Ese es el mensaje que se da. Lo más importante es difundir el informe y ver qué tan fundamentado está. Lo importante es ayudar a los ciudadanos a que implementen el mecanismo. No debe haber amenazas.

¿Entonces la participación ciudadana aún es un mito?

Se necesita más difusión tanto para el Estado como para los ciudadanos de cómo mejorar estas intervenciones. Todos deben ayudar a eso, no solo dejarlo al Consejo de Participación.

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