Nuevamente fracasó el intento de revista Vanguardia por copiar la información de los discos duros de las computadoras que fueron embargadas al medio. La diligencia estaba prevista que se realizara ayer, a las 15:00, pero ninguna autoridad de la Fiscalía acudió.
Según el abogado de la revista, Gerardo Aguirre, faltó un documento que posibilitara la diligencia judicial, que fue ordenada la semana pasada por el juez primero de Garantías Penales del Guayas, Ángel Rubio Game.
Aguirre aseguró que se pretende evadir la disposición para acceder a esa información. Esta decisión se tomó luego de que el semanario presentara un recurso de amparo, para evitar el proceso de coactiva de la Unidad de Gestión del Fideicomiso No Más Impunidad, contra la editorial Gran Tauro, que edita la revista.
Pues según el organismo estatal, Vanguardia no había pagado el arriendo de 13 meses del inmueble en el que funcionaba y que estaba en manos del Fideicomiso, como parte de la deuda al ex banquero Alejandro Peñafiel.
Pero Vanguardia sostuvo que sí ha cancelado los haberes. Por ello, ayer en la mañana, Aguirre acudió al Juzgado Primero de Inquilinato para pagar el alquiler de diciembre. Con esto, el abogado dijo que se ha terminado la relación contractual con el Estado. Ahora la revista exige el pago de la garantía de USD 4 800.
Además, Aguirre presentó dos acciones en la Fiscalía. Una porque no se les notificó la revisión de las computadoras del pasado miércoles. Y la segunda, porque la fiscal encargada de la diligencia, Clara Aveiga, supuestamente no les permitió verificar si los computadores fueron manipulados.
Otra crítica se sumó en el caso de Vanguardia. La revista The Economist aseguró que el embargo es otra de las estrategias del Gobierno para “callar a la prensa”.
Además, dijo que la decisión se debió a las denuncias de supuestos casos de corrupción presentados por Vanguardia. “Ciertamente ha hecho suficiente para levantar la ira del Presidente. La revista ha detallado la participación de personas vinculadas a contratos de publicidad del Gobierno y operaciones de apuestas, y recientemente publicó registros de transferencias bancarias”.
El Régimen negó que en el embargo haya habido alguna injerencia política. Y recalcó que se debió a una deuda con el Estado.