La Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Federación de Nacionalidad de Periodistas del Ecuador (Fenape) y otros gremios exhortaron al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que imponga un veto total a las reformas a la Ley de Comunicación.
Los gremios hicieron este pronunciamiento en un comunicado conjunto este miércoles 27 de julio. A esta postura se sumó la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (Apdp). Hace dos días la Asamblea remitió el texto al Ejecutivo para sus observaciones.
Cuestionamientos
Consideran que esta reforma “recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su nefasta antecesora, la Ley Orgánica de Comunicación”. El cuerpo legal, que ha sido objeto de al menos tres reformas hasta ahora, fue aprobada en 2013 durante el régimen de Rafael Correa.
Para estos gremios, la nueva norma aprobada por el correísmo y sus aliados “está plagada de vulneraciones al derecho inalienable del ser humano a la libertad de expresión y de opinión y es, por tanto, una inconstitucional regresión en derechos”.
“Sus auspiciantes muestran el inocultable propósito de volver a la ley mordaza, a la persecución a periodistas y medios de comunicación ecuatorianos que incomodan al poder y a la corrupción institucionalizada”, agregan.
La UNP advirtió que denunciará ante organismos internacionales “de este nuevo atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que es un ataque a la democracia; y responsabiliza a sus autoridades y a la mayoría coyuntural que votó a favor de estas reformas de esta violación a la normativa”.
Otras voces
La reforma de 55 artículos incluye “sanciones civiles y de cualquier otra índole” a personas y medios por la “responsabilidad ulterior” de sus criterios o informaciones. Además, otorga facultades de la extinta Supercom a la Defensoría del Pueblo.
Otras organizaciones no gubernamentales como la Corporación Participación Ciudadana e incluso la propia presidenta del Consejo de Regulación de la Comunicación, Jeannine Cruz, llamaron al Ejecutivo para un veto total. El presidente Lasso tiene hasta el 24 de agosto para pronunciarse.