La Unión Nacional de Periodistas (UNP) dio a conocer su posición respecto del proyecto de Ley de Comunicación, que se trata en la Comisión Ocasional, desde hace nueve meses. Entre otros aspectos, este gremio periodístico responsabilizó a los asambleístas que firmen el informe para segundo debate de “las nefastas consecuencias que generará una ley que lesione derechos y libertades ciudadanas”.La UNP agrupa a 1 700 periodistas en 15 núcleos provinciales. Según su declaración oficial, la Comisión de Comunicación ha quedado atrapada en un enredo jurídico-político, que ha minado la legitimidad de su trabajo. Esto, debido a la presentación de más de cinco borradores del proyecto de ley, sin que se conozca si los aportes que esta iniciativa ha recibido desde varios sectores han sido finalmente recogidos.Vicente Ordóñez, presidente de la UNP, hizo público el manifiesto de cinco puntos, luego de una reunión que mantuvo con los titulares de los núcleos del gremio de Imbabura, Cotopaxi, Loja, El Oro, Portoviejo, Los Ríos, Azuay, Manta y Carchi, la mañana de ayer.Los periodistas agremiados decidieron también exigir que se respeten todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión, de los cuales Ecuador es signatario. También reiteró la defensa de la profesionalización y de las garantías que deben tener los periodistas para el libre ejercicio, sin censura previa y con la responsabilidad ulterior.Otro punto que se expuso en el comunicado fue continuar con la lucha en defensa de la libertad de expresión, de una comunicación incluyente y democrática, dentro del marco legal y sin descartar acudir a instancias internacionales, “si la ley lesionara el derecho universal a la libertad de expresión, recogido en instrumentos de los cuales el país es signatario”.Guadalupe Fierro, veedora de la UNP en la mesa de Comunicación, señaló que de modo global el proyecto trae una serie de restricciones, que darían lugar a una censura previa y que hay un marco regulatorio que busca limitar el ejercicio de la libertad de expresión, con la imposición de sanciones, que tienen un amplio marco discrecional. También reiteró la tesis del gremio sobre la integración del Consejo de Comunicación. Es decir, que debe mantener la autonomía de todos los sectores regulados y tiene que contar con representación ciudadana. Sobre las frecuencias, la UNP dijo que son un bien público, que no deberían tratarse en esta Ley sino en otra, por separado, como ocurre en la mayoría de países.