El auditorio de la planta central de El Universo, en el sur de Guayaquil, se llenó de gritos de “justicia” y libertad” de cientos de trabajadores y periodistas del diario.
“No nos callan, y no nos callarán”, era una frase repetida en medio de los aplausos ensordecedores, en un escenario usualmente ocupado para actos solemnes o conferencias. Era una rueda de prensa convocada por los directivos del medio, Carlos, César y Nicolás Pérez, y sus abogados, para rechazar la sentencia condenatoria y millonaria que impuso el juez temporal Juan Paredes.
Los dueños del rotativo fueron condenados a tres años de prisión, junto con Emilio Palacio, ex editor de Opinión. Además el juez los obliga a pagar USD 40 millones de indemnización al presidente Rafael Correa, quien los demandó a título personal, por supuesta injuria calumniosa.
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Paredes en una sentencia “exprés”, como dijo uno de los abogados, en menos de 24 horas condenó a Palacio como autor del delito por el artículo ‘No a las mentiras’, a los directivos por “autoría coadyuvante” y a la Compañía Anónima (CA) El Universo por haber servido como medio para “instrumentalizar” dicho delito.
“Esta demanda no es solamente un problema de diario El Universo o de sus directivos; es un atentado contra las libertades más importantes, que es la de informar y opinar, pues sin libertad de expresión sería imposible que los ciudadanos se enteren cuando se quieran eliminar otras libertades fundamentales por parte del poder de turno”. Eso dijo Carlos Pérez Barriga, director del diario.
Sostuvo que el fallo es un amedrentamiento contra un columnista que opinó, y contra los directores por dejar que exprese libremente sus ideas. “Los ecuatorianos tenemos el deber y el derecho de discutir y debatir los eventos ocurridos en el país, incluido el 30 de septiembre, al igual que los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer lo que sucedió en ese día trágico para el país”.
Pero el directivo aclaró que El Universo continuará haciendo su “trabajo de informar con objetividad e independencia”, como lo ha hecho durante 90 años.
En la mesa, Pérez estaba acompañado de sus dos hermanos y seis abogados de los diferentes querellados por Correa. Palacio no estuvo en la mesa, pero sí sus abogados Byron López, León Roldós y Jorge Alvear, que explicaron las contradicciones del fallo.
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Mónica Vargas, procuradora de los Pérez, rechazó la sentencia y dijo que no se menciona nada de la audiencia de juzgamiento del martes pasado, por lo tanto parece que no existió. Sostuvo que es grave y un abuso del derecho, el extender la “autoría coadyuvante” a todos los que de alguna manera podrían estar de lejos en la escena del delito.
Vargas dijo que no se puede criminalizar el estatuto del diario, que establece que los directivos escogen a quienes escriben en él. “ La Constitución establece que el Presidente de la República dicta las leyes, y nombra a sus ministros, pero de ninguna manera se puede pensar con ello que si alguno comete un delito, la autoría coadyuvante la tiene el Mandatario”. Ironizó que solo faltó incluir en la sentencia a los canillitas que distribuyen los diarios.
Según Leonardo Terán, gerente del medio, el valor patrimonial de El Universo es de USD 35 millones, por lo tanto pagar 40 millones de indemnización “pone en peligro a la compañía” editorial.
Luego de la rueda de prensa, Palacio sostuvo que Correa, a más del dinero, “ lo que quiere es destruir a los seres humanos”. El ex articulista no comprende “cómo alguien puede divertirse, gozar, reírse de que otro vaya a la cárcel, entre en la quiebra y su familia quede destruida”. Mientras hablaba con los medios de pronto gritó: “Le pido que se retire, a los fascistas no les doy declaraciones”. Se lo decía al periodista Gustavo Espinosa, de Ecuador TV, quien le dio la queja al editor general del diario: “Tocayo, nos está botando…”. Pero mantuvo el micrófono para grabar a Palacio.
Según el abogado de Correa, Alembert Vera, la indemnización será donada al proyecto Yasuní ITT, pero no dijo cómo. Dijo que apelará el fallo, no por los USD 80 millones, sino por el principio de libertad de expresión.
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Los vicios del fallo, según tres abogados
Jorge Alvear: El fallo dice que el Estado no está vinculado a la Convención ni a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH. No se pondera el derecho a la libertad de expresión, solamente el derecho al honor.
León Roldós: Puede que Correa no haya ordenado el ataque a discreción al hospital el 30-S, pero sí se ordenó por alguien.
El GOE dice que llevaron al Presidente a Neonatología y pusieron escudos humanos.
Byron López: No se aclara qué injuria tipifica. Impone 3 años de prisión que es la máxima sanción por injuria a un funcionario público. Tampoco se fundamenta con claridad cómo se establece la indemnización.
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