No existe un pronunciamiento único en la Academia sobre el veto presidencial a la Ley Orgánica de Educación Superior. Así difícilmente tendrían capacidad de maniobra en el Legislativo.
El presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, Gustavo Vega, no se ha pronunciado desde el viernes. Ese día en el organismo se dijo que él estaba en Loja, incomunicado. Y esta semana, en su departamento de relaciones públicas se indicó que tenía una fuerte gripe que le impedía dar una opinión.La mañana de ayer, el presidente del Legislativo, Fernando Cordero, en el noticiero de Ecuavisa, adelantó que le parece difícil conseguir 20 votos más para que el Pleno ratifique el texto aprobado, el 4 de agosto con 63 adhesiones y un voto en blanco.
Además, la Comisión de Educación Superior aún no se ha reunido para analizar el veto. El presidente de la mesa, Raúl Abad, está en la comitiva presidencial que visita Japón y Corea. Su coideario, de A. País, Virgilio Hernández, de la mesa que trabajó el Código Territorial, también fue invitado, pero no participó para estudiar las objeciones.
Hoy, desde las 15:00, la Comisión de Educación recién estudiará los cambios al texto original. El oficialista Gastón Gagliardo, uno de sus miembros, señaló que el informe que deben desarrollar no es vinculante. También dijo que sus compañeros esperaban la decisión del bloque, que debía reunirse anoche.
Alejandro Ribadeneira, rector de la Universidad De Los Hemisferios, dijo que trabajan en conjunto con los centros públicos. Y que les parecía un “veto salvaje, que pone bajo el control absoluto del Gobierno a las públicas y se convierte en la carta de defunción de las privadas”.
Sin embargo, solo son pronunciamientos aislados de rectores de universidades públicas y privadas. Los de siete universidades públicas, ubicadas en la categoría ‘A’, en el informe de desempeño del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea), marcaron distancia de la posición de las particulares (ver página 2).
Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) de Quito, indicó que resulta inconveniente apoyar el planteamiento de los centros privados para desconocer la ley.
Por eso, harán observaciones a puntos problemáticos de la Ley de universidades. Y en el menor tiempo plantearán una futura reforma. Creen improbable que la Asamblea supere los vetos.
A las estatales les interesa fortalecer la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador (Asueppe). Esta mañana se reúnen con otros miembros, en la U. Andina.
Los rectores no están en contra de la objeción presidencial planteada al punto del cogobierno. También creen que es positivo mantener un programa de becas para el 10% del estudiantado.
“La inteligencia y la dedicación no son patrimonio de un solo sector social. Si queremos estudiantes de calidad escogemos los mejores”, dijo Espinosa. Mientras Ribadeneira sostiene que “las becas son gratuidad, que significa crear mendigos. Este Gobierno está acostumbrado a trabajar en ese sentido con todos los bonos”.
En la U. De Los Hemisferios, hay becas de hasta el 80% de la colegiatura. Podrían sobrellevar las becas completas si no tuvieran que además enfrentar los aranceles diferenciados, el 6% de inversión para investigación y capacitación docente. Y, en el plazo de dos años, contar con 60% de profesores a tiempo completo.
En este centro privado, de cinco años de fundación, hay 13% de profesores a tiempo completo. “No se puede comparar con la U. Estatal de Guayaquil, que cuenta con 20% de profesores”.
Lo que pasará con el veto
El cogobierno y su forma de elección
Los rectores
La posibilidad de que profesores titulares, estudiantes y trabajadores elijan a los rectores de todas las universidades, públicas y privadas es para los rectores de los centros privados una intromisión del Gobierno. Pero en los centros públicos creen que la comunidad universitaria debe elegir.
Uno de los puntos del acuerdo entre la Academia y la Asamblea dio paso a que en la ley aprobada se permita que las elecciones de autoridades se hagan según los estatutos de cada centro privado. Pero el veto cambió las cosas. María Paula Romo (Alianza País) no apoya el hecho de que los centros de las FF.AA. y a los regidos por el Modus Vivendi tengan un trato diferente a las demás.
Sistema de admisión y de nivelación
Los ingresos
En la Ley se plantea que las universidades públicas tendrán que seguir un sistema de admisión y nivelación.
Para el vicerrector académico de la U. Central, Jorge Arroba, esto les facilitaría las cosas. En la actualidad inscriben a todos y luego se les toma una prueba académica. Los mejores ingresan al primer semestre o propedéutico. El número de seleccionados depende del cupo que tiene la facultad.
En la Politécnica Nacional, el sistema de admisiones funciona desde la década del 60. Hay un examen de aptitud y un prepolitécnico de un semestre. Uno de cada siete aspirantes ingresa. Creen que la Secretaría de Educación debería coordinar con cada centro.
Una preocupación sobre los fondos
Las rentas
A los rectores de las universidades públicas les preocupa que los cuatro centros que se crearán en Napo, Cañar, Guayas y un sitio sin definir, sean parte de los ingresos y no solo de los incrementos del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario (Fopedeupo).
Otra preocupación es que en el veto se señala que solo los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y que no hayan sido devengados les serán devueltos.
En el texto aprobado se indicaba que serían parte del patrimonio todos los saldos existentes. Creen que causará uso irracional del gasto al final de cada año, para evitar pérdidas.
La elección del Rector será por votación
La doctrina cambiará
Conforme al veto, los rectores, de universidades públicas y privadas, se elegirán por votación universal. Nicolás Pólit, del gobierno estudiantil de la U. San Francisco de Quito, no está de acuerdo. “La universidad se puede politizar. Es como que el que ofrece más chupetes es el que gana”.
Pero Miryam Aguirre, decana de la Facultad Educación de la U. Católica, opina que si se elige un Rector por votación, “se debe respetar la filosofía de la institución educativa”.
Si entrara en vigencia esta medida, se ampliarán los espacios democráticos, según Manuel Salgado, profesor de la U. Central. El docente recuerda que la votación no rige para las universidades militares.
Sistema de admisión para las U. públicas
El reto de los colegios
Ante la creación de un Sistema de Nivelación y Admisión, algunos estudiantes lo ven con buenos ojos. Ernesto Nieto, dirigente de la U. de Cuenca, opina que es necesario que los alumnos tengan igual calidad. “No todas las secundarias tienen igual nivel para ir a la U.”.
El joven considera que, de lograr la nivelación, el problema sería que no hay condiciones para “un ingreso masivo” y que se debe pensar en eso.
Mientras que Víctor Granda, procurador de la U. Central, cree que el Sistema de Admisión será un reto para los colegios y el Ministerio de Educación. “Los estudiantes llegan a las universidades con vacíos profundos. La Educación media es deplorable”.
Las rentas del Estado se destinarán a becas
Las ayudas ya existen
Las universidades cofinanciadas destinarán los fondos del Estado a las becas. Miryam Aguirre, de la U. Católica, señala que eso no perjudicará a la institución. “Nosotros ya damos muchas ayudas: becas académicas, deportivas y aranceles diferenciados”.
Aguirre considera importante que el destino de las rentas esté dirigido a la investigación. Ese aspecto sí se estima en el veto que presentó el Presidente.
Mientras que Juan Carlos Pinos, docente universitario, también da su punto de vista al respecto. Señala que se debe aclarar hasta dónde llega el apoyo a la investigación de los centros cofinanciados. Para esto, dice, se necesita equipamiento e infraestructura.
