Unidad Popular y su lucha legal tras fallo del CNE en Ecuador
Tras el fallo del CNE, Unidad Popular Ecuador busca apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral y más instancias
La estabilidad del sistema de partidos en Ecuador enfrenta un nuevo desafío jurídico. Tras la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cancelar la personería jurídica del movimiento Unidad Popular (UP), la organización política anunció este lunes una resistencia legal en múltiples instancias.
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Declaraciones de Geovanni Atarihuana
El director nacional de la agrupación, Geovanni Atarihuana, calificó la medida como un “golpe a la democracia” y aseguró que el organismo actuó bajo una figura nula por ser extemporánea. La estrategia de UP busca revertir la resolución tomada el 26 de abril, la cual también afectó al movimiento Construye, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos mínimos de afiliados o adherentes permanentes para mantener su registro oficial.
Estrategia jurídica de Unidad Popular
Una vez que se formalice la notificación, Unidad Popular activará tres frentes de batalla jurídica. El primero será una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para anular la resolución administrativa. Simultáneamente, el movimiento interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, alegando una violación flagrante a los derechos de participación política. Finalmente, Atarihuana no descartó recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Argumentos legales y normativos
“Defenderemos nuestra participación frente a un gobierno que sueña con quedarse solo en la papeleta”, sentenció el dirigente, sugiriendo que existe una motivación política detrás del proceso de depuración del registro electoral.
El argumento central de la defensa de UP se basa en el Artículo 327 del Código de la Democracia. Según esta normativa, el CNE solo está facultado para emitir resoluciones de cancelación de organizaciones políticas hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
Atarihuana recordó que, de acuerdo con el calendario oficial vigente para las seccionales de noviembre, ese plazo expiró el 3 de abril. “Emitir una cancelación 23 días después de la fecha límite es violar expresamente la ley. Cualquier acto realizado fuera de ese tiempo es nulo”, explicó el representante legal, quien insiste en que el CNE perdió su competencia temporal para esta acción.
Dudas sobre el respaldo documental
Otro punto de fricción es el sustento técnico de la baja de adherentes. Mientras el informe del CNE sugiere que UP no cuenta con el respaldo documental suficiente (fichas y respaldos físicos), el movimiento asegura mantener una base sólida de 206 000 afiliados. El dirigente señaló que, según certificaciones del propio CNE del 13 de abril de 2026, apenas 1 483 personas se han desafiliado de la organización en los últimos seis años, lo que representa solo el 1 % de su padrón interno.
“Es absurdo decir que hemos caído por debajo del 50 % de los afiliados requeridos, cuando nuestra estructura ha sido validada en 2012, 2015 y 2020 con procesos de verificación de firmas por especialistas”, puntualizó.
Comunicado del CNE
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado oficial el 26 de abril, en el que ratifica que el proceso garantizó el derecho a la defensa.
🚨 ATENCIÓN | CNE garantizó derecho a la defensa en proceso de cancelación de organizaciones que no cumplieron requisitos para mantener personería jurídica. ⚖️
— cnegobec (@cnegobec) April 26, 2026
Aquí el comunicado 📄⬇️ pic.twitter.com/7Ib8DB3Eru
Según el organismo, se otorgó un plazo legal de 10 días a Unidad Popular y Construye para presentar la documentación que respalde su número de afiliados; sin embargo, el análisis técnico-jurídico determinó que no existen las fichas necesarias para validar dicha información en las bases institucionales.
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El CNE enfatizó que permitir la participación de organizaciones que no cumplen con los requisitos legales afectaría la integridad del sistema de partidos y podría derivar en un “uso indebido de recursos públicos”. Para el ente rector, la decisión se ajusta a los principios de legalidad y transparencia institucional, buscando asegurar que solo las agrupaciones con respaldo real lleguen a la contienda del 29 de noviembre.
Información externa Unidad Popular (Ecuador)
