Redacción Política
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Ha sido una semana de tensión política para los legisladores de Alianza País. Su bancada no ha logrado armar consensos en al menos tres temas trascendentales de la Asamblea Nacional.
Estos tienen que ver con los desacuerdos internos frente al posible juicio político en contra del fiscal Washington Pesántez , el poco avance en la Ley de Comunicación y los cuestionamientos del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, al Código Territorial (Cootad).
La agenda del bloque
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, realizó una exposición sobre el balance político de los tres años de gestión de la Revolución Ciudadana. Virgilio Hernández hizo un análisis del funcionamiento político del bloque oficialista.
El alcalde de Quito, Augusto Barrera y la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, expusieron dos ejes programáticos. Estos se basaron en las prioriades de la Revolución Ciudadana en su nueva etapa.
Ana María Larrea, subsecretaria general de Senplades, mostró los lineamientos de la planificación de leyes prioritarias, período 2010-2013.
El secretario de Transparencia, José Serrano, dictó una conferencia sobre los mecanismos contra la lucha de la corrupción. Betty Amores yMauro Andino analizaron las políticas legislativas de fiscalización.
En el caso del Fiscal, los asambleístas Paco Velasco, Rosana Alvarado, María Paula Romo y Virgilio Hernández han demostrado su interés por iniciar un juicio político en su contra por presuntos casos de corrupción y abuso de poder. No obstante, este propósito se chocó con otras posiciones del bloque oficialista que han mostrado cautela a la hora de emitir comentarios sobre este tema.
El resultado es que, bajo el argumento de que todavía se deben analizar las pruebas que inculparían a Pesántez, la bancada sigue postergando su definición de semana en semana.
Otro punto de quiebre se da por el veto presidencial al proyecto de Ley de Participación Ciudadana. A través de él, el presidente Rafael Correa propone que los medios de prensa tienen la obligación de rendir cuentas una vez al año.
Esta disposición, emitida desde el Palacio de Gobierno, influye en el debate de la nueva Ley de Comunicación cuyo avance depende del acuerdo político entre la oposición y el oficialismo, impulsado por Cordero. Mientras él y los asambleístas de oposición buscan alejar el control gubernamental a la prensa, el veto de Correa revive esos temores. Además, la presidenta de la Comisión ocasional, Betty Carrillo, no descarta que en el Consejo de Comunicación haya dos representantes del Ejecutivo, que está en contra del acuerdo con la oposición.
Finalmente, está el pedido de Cordero de dividir al Cootad en dos cuerpos legales, pues encuentra inconveniente que una sola ley se encargue de los temas de ordenamiento así como de la territorialización del Estado.
Por eso, solicitó la realización de talleres para aclarar las dudas que surgen dentro de Alianza País sobre este tema. Está previsto que la votación final se dé en 15 días.
Frente a ese escenario de dudas, la bancada oficialista se reunió ayer, desde las 08:30, para analizar las estrategias políticas frente a la agenda legislativa y trazar una hoja de ruta hacia el 2013.
A la cita acudieron los legisladores de Alianza País. También, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz; el titular de Senplades, René Ramírez; la secretaria de los Pueblos, Alexandra Ocles, entre otros funcionarios.
Al iniciar el encuentro, tomó fuerza la versión de que se iba a cambiar a los cinco coordinadores de bloque oficialista: María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Pamela Falconí, Vethowen Chica y Gina Godoy. El ala de País que no pertenece al denominado grupo de Ruptura de los 25 y de aquellos que no participaron en la Constituyente de Montecristi demandan un cambio a la conducción del bloque. Gastón Gagliardo no descartó que en la próxima semana se toque este tema. Pero Paola Pabón y César Rodríguez lo descartan.
De lo que sí se habló fue del futuro político de Pesántez. Cordero dijo que la bancada optaría por el juicio, siguiendo el debido proceso. Soliz, por su parte, afirmó que el buró de la lista 35 conocerá y respetará plenamente la decisión que adopte la bancada, argumentando la independencia de poderes. La Ley de Comunicación y el Cootad no fueron analizados en este espacio.