La presidente de la UNE, Rosana Palacios, en su despacho en la sede. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
En el pasillo de ingreso a la sede principal de la
Unión Nacional de Educadores (UNE), en el norte de Quito, hay escombros acumulados. El piso tiene manchas de grasa, las paredes, rayones y el cielo raso empieza a ceder. El rostro de la profesora Mery Zamora, exlíder de la organización, es una de las imágenes más recurrentes dentro del envejecido edificio de más de seis décadas. “Mery es madre, profesora, mujer perseguida por el correísmo”: frase de un cartel que se encuentra sobre el escritorio de Rosana Palacios, la actual presidenta.
Ella no oculta los problemas por los que atraviesa el que fue el mayor sindicato de profesores del país y que nació en la década de los 40. Asegura que la situación actual es grave, pero no fortuita, sino que forma parte de un proceso de ‘debilitamiento sistemático’ por parte del Gobierno de turno.
En este contexto, miran la consolidación del sindicato de la Red de Maestros y Maestras por la Revolución en la Educación como la parte final de una estrategia política.
El Ministro de Educación, Augusto Espinosa, niega una intención de debilitar a esta organización y, al mismo tiempo, algún tipo de injerencia política en la conformación de la Red de Maestros. Ratifica el discurso oficial de que la UNE ha hecho daño a la educación del país. A esto suma el reclamo porque no ha presentado proyectos concretos para solucionar los problemas del sistema educativo y de que la actual directiva no goza de legitimidad, pues aún no ha sido registrada.
En los inicios del proyecto político de Alianza País, la UNE formó parte de las organizaciones que lo apoyaron. Pero a raíz de la implementación de las pruebas de evaluación docente a escala nacional, entre el 2008 y el 2009, comenzó el divorcio político.
Ahora, sus líderes se remiten a tres hechos concretos que ratifican una “persecución”: Uno económico, otro judicial y un tener elemento político.
El económico se refiere a que en el 2007 tenían 120 000 afiliados y aportantes con el 1,5% de su salario básico. Con esos ingresos el gremio de los maestros percibía unos USD 382 835 al mes para el mantenimiento de las sedes, pago de personal y capacitación.
En agosto del 2009 se suspendió ese pago por parte del Ministerio con el argumento de que la Constitución señala que la afiliación de un trabajador a un sindicato o de cualquier persona a un gremio es voluntaria. Si bien, ahora cuentan con
100 000 afiliados, solo 40 000 de ellos realizan un aporte voluntario y los ingresos, aseguran, no son suficientes.
“Hemos despedido a médicos, psicólogos, odontólogos, abogados y no tenemos para el mantenimiento del edificio”, señala Palacios. A esto se suma que adeudan al Municipio de Quito USD 25 000 por concepto de Impuesto Predial.
Durante la administración de Augusto Barrera, la sede fue declarada de interés de lucro y se estableció un pago de USD 10 000. Antes, ese rubro era de USD 2 000 y actualmente se mantiene conversaciones con la administración de Mauricio Rodas para buscar una salida.
El argumento jurídico es que sus dirigentes han sido perseguidos con el uso de sistema judicial. Ponen como ejemplo dos casos. El de Mery Zamora, que fue acusada de rebelión y sabotaje por su participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
Ella ya fue declarada inocente por la Corte Nacional de Justicia, pero la Fiscalía pide se revierta dicha sentencia. Otro caso es el de la maestra Rosaura Bastidas, también acusada de terrorismo y quien ha sido condenada en segunda instancia a tres años de prisión.
Finalmente, acusan al Régimen de una ‘injerencia política’ en el gremio y de generar un ‘paralelismo’. La creación de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Educación y la consolidación de la Red de Maestros por la Revolución Educativa son los ejemplos.
Espinosa asegura que no tienen injerencia en lo que se refiere a organización sindical. En el caso de la consolidación de la Red, reconoce la existencia de un diálogo permanente y de una agenda con puntos de coincidencia.
Este Diario tuvo acceso a cuatro cartas que fueron remitidas, presuntamente, a un grupo de administradores circuitales en las cuales se les pedían los datos de 20 docentes para asistir al evento de creación de la Red de Maestros, el 7 de febrero en Quito. Espinosa, dijo que se puede haber tratado de un “desliz” de alguno de los
180 000 servidores públicos que dependen del Ministerio y anunció una investigación interna. Ratifica que la UNE está alejada del sistema educativo y dedicada a tareas políticas vinculadas al extinto MPD.
“Si vamos a hablar de la UNE prefiero no hablar, me parece irrelevante” y la compara con el equipo de fútbol Everest.
Cronología
Agosto 2008
El Gobierno planteó una evaluación a los docentes del país, que en un inicio fue voluntaria: se presentaron 1 569 docentes. Luego fue obligatoria.
Julio 2009
La aprobación de la Ley de Carrera Docente genera movilizaciones en todo el país, también se respalda a los docentes que no se presentaron a rendir las pruebas.
Octubre 2009
El vicepresidente Lenin Moreno y la UNE firman un acuerdo en el que se establece que se realizarán reuniones de alto nivel entre Gobierno y los dirigentes.
Abril 2010
De cara a las elecciones internas de la UNE, se crea, en Ciudad Alfaro, la Red de Maestros por la Revolución Educativa, como una fuerza alternativa.