Santiago Guarderas (PSC) y Javier Orti (Avanza), del Acuerdo Nacional por las Elecciones Transparentes, acudieron este 20 de octubre al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para dar seguimiento a la investigación de la Convención de Alianza País. Foto: Mario Alexis González/ EL COMERCIO
Santiago Guarderas (PSC) y Javier Orti (Avanza), representantes del Acuerdo Nacional por las Elecciones Transparentes, acudieron este jueves 20 de octubre del 2016 al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para dar seguimiento a la causa que este organismo investiga por la supuesta utilización de recursos públicos en la transmisión de los medios públicos e incautados a la Convención de Alianza País (AP).
Orti indicó que a su correo electrónico le llegó una notificación que marcaba este 20 de octubre como el plazo que el colectivo tenía para acudir al TCE y entregar el seguimiento a la denuncia presentada el 5 de octubre pasado.
Por eso entregaron la argumentación. En esta detallaron que ellos no son parte en el proceso, sino “terceros interesados”. Guarderas explicó que no presentaron una denuncia sino que hicieron un pedido para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actuara de oficio y abriera un expediente del caso con base al monitoreo que esta entidad realiza para evitar la campaña anticipada y otras anomalías electorales.
Por esto -relató- le concierne al CNE completar la información con las facturas y costos que solicitó a los medios de comunicación públicos e incautados que transmitieron en vivo y en directo el acto oficialista del pasado 1 de octubre.
Además, solicitaron en su argumentación que se les remitiera una copia del expediente en su calidad de terceros interesados. Y que también se les permita participar con voz en las audiencias, a través de la representación de Guarderas como abogado e integrante del Acuerdo.
Este colectivo hizo esta aclaración para evitar que se archivara el proceso. Recuerdan que hay un antecedente. El TCE archivo una denuncia de Unidad Popular por un supuesto uso de recursos públicos en una campaña de carnetización de AP. Esto porque no se cumplieron los requisitos.
Cuando Guarderas y Orti abandonaban el TCE llegó al lugar una delegación del Frente de Jubilados del IESS. Este colectivo presentó de manera directa, sin el intermedio del CNE, un escrito por la misma causa.
Ellos solicitaron la destitución del presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glas por el supuesto uso de recursos públicos en el evento de AP. Además, que se les retire sus derechos de participación política.