18 de February de 2011 00:00

Tres tendencias marcarán la consulta

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Los trámites para que la consulta popular entre en la etapa electoral corren por cuenta del Presidente de la República. Mientras tanto, en la arena política organizaciones sociales, partidos y gremios de distinta índole comienzan a tomar posiciones dentro de las s grandes tendencias que comienzan a perfilar de cara a este proceso.

El oficialismo es el gran abanderado del sí. Sus principales figuras políticas desde la Legislatura, gobiernos seccionales y dirigentes de Alianza País y el Partido Socialusta han plegado al pedido del Presidente. A este grupo se unen gremios como el Seguro Campesino y el Sindicato Trabajadores Públicos.

En la otra orilla está el no, liderado básicamente por los partidos políticos y el movimiento indígenas controlado por la Conaie.

El tercer grupo definirá posiciones en relación a cada pregunta en particular y tiene entre sus principales expositores a ex figuras del oficialismo.

Ayer, la Corte Constitucional notificó a la Presidencia de la República su resolución sobre la consulta popular. En un documento, que tiene más de 200 hojas, se explica cómo quedaron redactadas las 10 preguntas, adjuntando los textos de los magistrados que salvaron su voto.

El Ejecutivo ya trabaja en el decreto con el cual se pedirá al Consejo Nacional Electoral que convoque al plebiscito. También se elaborará el reglamento.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que enviará el decreto a finales de este mes, para que la consulta se realice el 15 de mayo próximo y no interrumpir así tres domingos de fiesta: el de Semana Santa, el Día del Trabajo y el de la Madre.

SÍ. Autoridades y grupos cercanos al movimiento Alianza País

Virgilio Hernández. Coordinador de Alianza País

Fernando Cordero. Presidente de la Asamblea

Paúl Granda. Alcalde de Cuenca

Rodrigo Collahuazo. Seguro Social Campesino

Marcelo Solórzano. Sindicato Trabajadores Públicos

Rafael Quintero. Presidente del Partido Socialista

Antes de incluso conocer si las preguntas de la consulta popular iban a ser calificadas por la Corte Constitucional, algunos grupos aliados y vinculados con el Régimen y el movimiento oficialista ya anunciaron su respaldo incondicional.

Su principal argumento es que el pueblo tiene el derecho a participar en las decisiones del país y que por ello debe colaborar en el combate a la inseguridad.

Uno de los coordinadores del bloque legislativo de Alianza País, Virgilio Hernández, explicó que su movimiento apoyará el sí al referéndum y se analiza en unos 15 días empezar con una campaña para promover el respaldo a las propuestas del Ejecutivo. Él prefiere no ahondar en el fondo de la consulta: las reformas al sistema judicial, pero cree que es importante cambiar a la justicia que “mantiene poderes fácticos”.

A este grupo se unieron algunos alcaldes y prefectos militantes de Alianza País. Entre ellos el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y el alcalde de Cuenca, Paúl Granda, quien preside la Asociación de Municipalidades del Ecuador.

Aclaró que la organización como cuerpo colegiado ha dejado plena libertad a los burgomaestres para que decidan su posición. “ Como AME, creo que no tendría mucho sentido hacer un pronunciamiento a favor o en contra de la consulta. Sino que cada uno se pronuncie a su criterio”.

NO. Partidos políticos y grupos sociales de toda tendencia

Marlon Santi. Presidente de la Conaie

Paúl Carrasco. Prefecto del Azuay

Gustavo Larrea. Ex Ministro de Seguridad

Mario Morales. Titular trabajadores Pichincha

Roberto López. Constitucionalista

Lucio Gutiérrez. Ex Presidente de la República

Osvaldo Hurtado. Cauce Democrático

Desde diferentes orientaciones políticas y tendencias ideológicas, las voces en contra de la consulta popular empiezan a salir a la luz.

Los partidos políticos de oposición, como Sociedad Patriótica, el Movimiento Popular Democrático, Pachakutik, Madera de Guerrero y Prian han anunciado su rechazo a las intenciones del Gobierno de reestructurar el sistema judicial.

Su punto de vista se centra en los peligros que puede traer para el país, que la política y el Ejecutivo intervengan en la Justicia. Ellos creen que con esto, el Régimen busca controlar todas las funciones del Estado y se olvida de la independencia.

Algunos grupos sociales también como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) ya planifican movilizaciones para protestar contra el plebiscito.

Asimismo, el prefecto del Azuay y ex militante de Alianza País, Paúl Carrasco, anunció su rechazo a la intención del Gobierno de “dirigir” al sistema judicial. Él junto a otro ex militante oficialista, Gustavo Larrea, promueven el no a la consulta.

“El Presidente está girando a la derecha, con todo el respeto, pero es un ser humano y se pude equivocar y el está equivocado”, cuestionó Carrasco.

Ex constituyentes de izquierda, empresarios y catedráticos

Alberto Acosta. Ex Presidente de Constituyente

Betty Amores. Asambleísta ex miembro de País

María Paula Romo. Asambleísta ex miembro de País

Santiago Guarderas. Decano Jurisprudencia PUCE

Francisco Alarcón.Industriales de Guayaquil

Manuela Gallegos. Ex Secretaria de Pueblos

Juan Sebastián Roldán. Ex Secretario de Transparencia

A pesar de ser el grupo que más ha sido castigado por el presidente Rafael Correa por alejarse de la tendencia, gran parte de los ex constituyentes de Alianza País promueve el voto consciente de la gente para la consulta popular. Esto significa, según sus promotores, rechazar el intento de reestructura del sistema judicial, pero también respaldar las preguntas sobre el sector financiero y la afiliación al IESS de los trabajadores.

Este grupo está liderado por el ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta; las ex militantes de País, Betty Amores y Manuela Gallegos, y el grupo Ruptura de los 25. Ellos abandonaron la revolución ciudadana, porque creían que el Gobierno estaba excediéndose.

Asimismo, algunas facultades de Jurisprudencia del país también temen que el Ejecutivo trate de “meter la mano a la Justicia”, como reconoció el presidente Rafael Correa. Y han pedido el criterio a la CIDH.

Dentro de este tipo de voto pensado también están los empresarios, que no se consideran políticos, por lo que no harán ningún tipo de campaña electoral a favor o en contra, pero tienen su reparos a ciertas preguntas de la consulta popular. Entre ellas, la que se refiere al enriquecimiento privado injustificado y a la penalización por no afiliar a los trabajadores al IESS.

Las 10 preguntas que procesó la Corte Constitucional y que serán sometidas a plebiscito popular

Referéndum

Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva, cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de la justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial como se establece en el anexo 1?

Pregunta 2

¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, de acuerdo al anexo2?

Pregunta 3

¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como establece el anexo 3?

Pregunta 4

¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?

Pregunta 5

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

Consulta

Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?

Pregunta 2

¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

Pregunta 3

¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?

Pregunta 4

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley de la Función Legislativa, expida una ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores?

Pregunta 5

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?

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