1 de February de 2011 00:00

Trabas legales y políticas para la consulta

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alianza País no dará un paso atrás en la consulta popular. El presidente Rafael Correa y la Directiva Nacional del movimiento emprendieron la campaña por el sí.

En el horizonte se avizora una agresiva promoción, la cual será casa por casa y en todo el país. Así lo declaró Roberto Cuero, quien es gobernador de Guayas, y uno de los 22 miembros del Comité Nacional de Alianza País.La anticipada confianza no toma en cuenta que en el camino para aprobar la legalidad de la convocatoria a referendo aún se deben superar obstáculos.

El Gobierno esperaba voces contra la consulta como empresarios, indígenas, catedráticos, oposición, pero no las de sus aliados. Al menos no en la proporción en que se han dado: Betty Amores, Marcos Martínez, Ruptura de los 25, Fernando Vega y, el más reciente, Gustavo Darquea, uno de los dirigentes más visibles del movimiento en Guayas.

Él, al igual que el resto de sus colegas, piensa que con un referéndum no se puede cambiar la estructura del sistema judicial, es decir del Estado. El camino -explicó- es otra Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Pese a tanta crítica en contra, el Gobierno exhibe las primeras cifras de apoyo a su propuesta. Con un 57% a escala nacional, según las encuestas de Santiago Pérez, quien trabaja habitualmente con el Gobierno, Correa empieza su campaña por el sí con ventajas.

Ese sondeo fue hecho una semana antes de que grupos clave para Alianza País, como R-25, dejaran a Correa. Se requerirán nuevas mediciones para palpar el impacto de las críticas de quienes en el 2007 estaban con el proyecto.

Mientras Correa y sus expertos en campaña hacen números, la presión jurídica sigue en la Corte Constitucional, organismo que debe calificar las 10 preguntas para viabilizar el plebiscito.

En el proceso de evaluación, la Corte empezará por definir qué es una enmienda y qué una reforma constitucional. Desde esta forma se busca destrabar el nudo legal sobre el cual la oposición ha puesto tanta energía. Si se trata de una enmienda el camino será las urnas y no una constituyente.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pidió esa resolución en su audiencia en la Corte el jueves. Lo mismo pensaba el presidente de la CC. Patricio Pazmiño.

Esa diferenciación le otorgaría al Ejecutivo un espacio de maniobra. Además, porque la Corte puede cambiar la redacción de las preguntas para que no atenten contra la Carta Magna.

Para Pazmiño, en el derecho moderno, el último camino es la inconstitucionalidad. “Pero si existe una violación a la Carta Magna tenemos que actuar”.

En ese escenario, los jueces pudieran realizar un fallo interpretativo para modificar las preguntas. Para eso es importante el estudio previo, de las interrogantes, que está en manos de los jueces Nina Pacari y Roberto Bhrunis.

La primera debe emitir un fallo sobre la legalidad de las cinco preguntas que quieren modificar la Constitución. Mientras que Bhrunis presentará su proyecto sobre las preguntas de temas generales. Sus fallos deberán ser aprobado por el Pleno de la Corte con al menos cinco de nueve votos.

Para el constitucionalista, Rosendo López, los jueces solo van a aplicar reformas cosméticas y que habrá una consulta popular.

No obstante, hay un escollo que aparece súbitamente. El Consejo Nacional Electoral amenazó con destituir a la Corte Constitucional por su sentencia del miércoles suspendiendo los procesos revocatorios.

Fausto Camacho, vocal del Consejo Electoral, dijo que espera que los jueces contesten el pedido de aclaración a su fallo, prevista para este miércoles.

Como acusan a la Corte de intromisión en temas electorales, una hipotética destitución de los jueces pudiera incidir en el trámite que sigue la consulta y cuyo plazo vencerá en un mes más. La razón: estos jueces ya no estarían en funciones en la Corte.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)