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Tres temas dividieron al Consejo de Participación transitorio

El Pleno del Cpccs-t tuvo el miércoles su última reunión en el edificio de la Santa Prisca; antes de cambiar de sede. Foto: API.

El Pleno del Cpccs-t tuvo el miércoles su última reunión en el edificio de la Santa Prisca; antes de cambiar de sede. Foto: API.

El Pleno del Cpccs-t tuvo el miércoles su última reunión en el edificio de la Santa Prisca; antes de cambiar de sede. Foto: API.

El 95% de las 173 resoluciones que el Consejo de Participación transitorio (Cpccs-t) ha tomado en sus primeros siete meses de funciones fue adoptado por unanimidad.

Tres temas específicos han marcado la división al interior del organismo. En estos casos la oposición a la mayoría se originó en el voto del consejero Xavier Zavala Egas.

La primera vez fue el 9 de mayo. El Consejo aprobó la evaluación a la Corte Constitucional (CC), que luego desencadenaría en el cese de los nueve exmagistrados. Zavala votó en contra porque consideró que el Cpccs no es la autoridad nominadora.

El segundo caso fue el 17 de octubre. El consejero no estuvo de acuerdo con que se devolvieran las ternas para elegir a la Judicatura a las instituciones que las postularon. Aseguró que ese trabajo de valoración de nombres le correspondía a la Comisión Técnica.

Finalmente, el 24 de octubre, Zavala criticó la aprobación de 14 finalistas en el concurso del CNE. Cree que esa lista no se fundamentó en los méritos de los candidatos y decidió no participar más en las resoluciones de este proceso. Desde ahí se ha abstenido o se ha ausentado de las sesiones relacionadas con este tema.

La oposición de Zavala se ha evidenciado públicamente en las votaciones. Los debates previos a las resoluciones son reservados. Generalmente, el Cpccs-t sesiona a las 10:00 u 11:00. Pero, dos horas antes o, incluso, el día anterior los consejeros se reúnen para debatir.

Cuando los debates se alargan las sesiones demoran en instalarse y duran 30 minutos. Se da lectura a la parte final de las resoluciones y se vota.

Zavala descarta que sus votaciones reflejen una división en el Consejo. Dice que responden a una reflexión jurídica, porque hay gente que confió en su criterio y votó por su postulación en la Asamblea.

Darwin Seraquive
, secretario General del Cpccs-t y mano derecha del presidente Julio César Trujillo, prefiere no evaluar de manera personal las acciones de Zavala, sino hasta después del período de la entidad, que acabará en mayo 2019.

Sin embargo, cree que las discrepancias son propias de los procesos democráticos. Y, en este caso, ponen en evidencia la conformación heterogénea del Consejo con representantes de gremios como los empresariales (Pablo Dávila), indígenas (Luis Macas), militares retirados (Luis Hernández), academia (Myriam Félix), trabajadores (Trujillo).

“Las votaciones que han tenido puntos de vista diferentes las hemos asimilado dentro de un contexto democrático, donde es una mayoría la que toma las decisiones. Hemos respetado los puntos de vista diferentes y hemos apoyado las decisiones de las mayorías”, dice Hernández.

El descontento de Zavala con el concurso del CNE lo compartió también Mikaella Andrade, de la comisión ciudadana del concurso. Ella renunció por desacuerdos con la forma de elección de los finalistas.

Ella es asesora de Hernández. Él explica que la dimisión no afectó su trabajo en el despacho, pues ha respetado su independencia. “Ella cumplió su misión. Remitió un informe con 25 nombres y el Pleno se decidió por 14 y ese es el fin de la historia”.

Para zanjar esas críticas, el Pleno aumentó una etapa en el concurso. Entre el miércoles y viernes de esta semana (14-16 de noviembre del 2018), los candidatos se someterán a una deliberación ante el Pleno para corroborar los méritos y conocimientos de los participantes.

El consejero Pablo Dávila explicó que todavía no se ha definido el mecanismo. Pero lo más probable es que sea a través de audiencias públicas de los postulantes ante el Pleno.

Las decisiones del Cpccs-t todavía se pondrán a prueba en 12 resoluciones relacionadas con designaciones de autoridades que están pendientes (ver recuadro).

Según el mandato de la consulta popular, para concluir su labor, hasta el 24 de mayo del 2019, deberá elaborar un proyecto de reformas legales sobre las funciones del Cpccs y la lucha anticorrupción.