9 de July de 2012 00:01

El Telégrafo navega entre lo público y lo privado

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El Telégrafo es en teoría un periódico público. Sin embargo, la realidad es otra: es una sociedad anónima que se financia como cualquier medio privado de comunicación: con publicidad.

Por ello, el Gobierno es el principal cliente de este periódico, que en el discurso oficial es una institución pública.

El Telégrafo nació en 1921 como una compañía anónima. Durante la crisis financiera de 1999, el diario pasó a manos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), para cubrir las deudas que dejó la quiebra del Banco del Progreso. Este medio, al igual que el banco, pertenecían a Fernando Aspiazu.

En julio del 2010, El Telégrafo C.A. se transformó en Editores Nacionales Gráficos (Editogran) Sociedad Anónima, que se encarga de la impresión de El Telégrafo, del PP El Verdadero, y de algunas revistas y periódicos de instituciones estatales.

A pesar de ser una Sociedad Anónima todavía funciona como una empresa pública, pues sus acciones pertenecen al Estado.

No obstante, esta firma no cumple con todas las obligaciones que tienen las entidades públicas; entre ellas, la difusión en su página electrónica de la información referente a su manejo financiero y administrativo, según lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). El periódico tiene publicada información parcial hasta el 2010. Esto incumple lo que señala la normativa, cuyo cumplimiento debe ser observado por la Defensoría del Pueblo.

Según sus directivos, Editogran S.A. se autofinancia con publicidad y ya no recibe fondos del Ministerio de Finanzas, como cualquier empresa privada. Aunque todavía está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones.

A pesar de lo que afirman las autoridades del medio, el presidente Rafael Correa ha insistido en que el Diario es público.

En abril del 2011, en un recorrido que hizo el Mandatario por las instalaciones y la nueva prensa de El Telégrafo, destacó la inversión realizada por el Estado para que la empresa editorial tenga “la rotativa más moderna de Latinoamérica”, que -subrayó- “no es para un diario privado, sino para un diario público”.

Para el jurista Xavier Andrade Cadena, experto en temas societarios, el que una empresa se autofinancie con venta de publicidad no la define como privada y está obligada a cumplir la norma de las empresas públicas. Sin embargo, en ese medio se niegan a entregar la información referente al manejo financiero, administrativo y de producción.

“Es obvio que el Gobierno tiene una fuerte injerencia en el diario. Por ello, es importante que el Estado se sincere y determine si va a ser un medio público, convierta a la empresa en pública. Si es sociedad anónima las acciones se pueden vender con una simple transferencia”, explicó Andrade.

Además, como empresa pública, El Telégrafo ha podido concretar importantes contratos para impresión de libros, folletos, volantes y de publicidad de las instituciones públicas.

Así, por ejemplo, Editogran S.A. recibió, en diciembre del 2011, un contrato para imprimir los libros del Ministerio de Educación por USD 6,8 millones.

Según el portal del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), en el 2011, Editogran S.A. recibió contratos del Ministerio de Educación y del Ministerio Coordinador de la Política por USD 14,6 millones.

La principal razón para adjudicar las contrataciones de forma directa fue que Editogran S.A. es una empresa pública.

No obstante, para Andrade esta decisión puede contradecir la Ley de Control del Poder del Mercado. En su artículo 11, numeral 20, se establece que están prohibidas las conductas “que impidan o dificulten el acceso de competidores actuales o potenciales en el mercado, por razones diferentes a la eficiencia económica”.

En ninguno de esos contratos se realizó una licitación o subasta para contratar la oferta más económica o eficiente.

“Este Gobierno emprendió una reforma integral al sistema de contratación pública, que permita el acceso igualitario a todas las empresas para competir en igualdad de condiciones. Pero existe una inequidad en las oportunidades que tienen las otras empresas”, puntualizó Andrade.

La cronología

El Telégrafo fue fundado en Guayaquil, el 16 de febrero de 1884 por Juan Murillo Miró, quien recién había llegado de Europa.  El gobierno de Plácido Caamaño ordenó encarcelar a   Murillo, quien se exiló en Chile. Los sucesores de Murillo también fueron acosados por el Régimen hasta    1886 cuando salió de circulación.

En 1898,  todas las acciones de El Telégrafo fueron  adquiridas por José Abel Castillo. Así, el Diario se convirtió en el principal matutino del Ecuador.
En 1923   se inauguró el actual edificio de El Telégrafo. Y ese año se bautizó a Albert, la primera rotativa que llegó al país.

A fines de los noventa, El Telégrafo  fue usado por Fernando Aspiazu para defenderse de los cargos de peculado y estafa.  
El 2008   fue refundado por el Gobierno como diario público.

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