Redacción Guayaquil
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La Junta de Accionistas de El Telégrafo coincidió ayer con la publicación de tres posturas en defensa de la gestión como diario público. La Dirección, el quipo de Redacción y los columnistas de opinión discrepan con un periódico gubernamental, propagandístico, que se haga con la misma infraestructura del matutino.
En la mañana, en los bajos del diario, se notó la expectativa de otros medios, incluso de los trabajadores por conocer la decisión de los accionistas. Ellos se reunieron en la sala de sesiones con el gerente general, Álex Camacho. La convocatoria pública se hizo el 20 de enero pasado y estaba previsto conocer y resolver los nuevos proyectos del diario, así como el informe de la política de tiraje, precio y circulación.
Los antecedentes
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) traspasó sus acciones al Ministerio de Finanzas en agosto del 2007. Esa Cartera tenía el 98% de las acciones.
En noviembre, la ministra de Finanzas y entonces presidenta de la Junta de Accionistas del diario, María Elsa Viteri, pidió la renuncia al gerente Álex Camacho.
Desde mediados de diciembre, el mayor accionista es el Ministerio de Telecomunicaciones.
Diario El Telégrafo cambió su diseño y contenido hace dos años. Desde entonces se publica en tamaño berlinés, con el carácter de un medio público. Las obras civiles para la nueva rotativa se ejecutan. El presupuesto es de USD 17 millones.
También el estado del proyecto de la nueva planta y el ejercicio económico de 2009. El último punto era la renuncia del gerente y, si era el caso, el nombramiento de su reemplazo. Entre los trabajadores se conoció que Camacho laboró hasta ayer, pero no se pudo obtener la versión oficial.
Hasta el cierre de esta edición no se dieron detalles sobre las resoluciones, pero se informó que el lunes se darían declaraciones.
Una de las secretarias del matutino entregó a los periodistas de otros medios la edición de ayer,
en la que se publicaron las diferentes opiniones.
En la página 2, en el espacio ‘Desde la mesa de redacción’, el director, Rubén Montoya, calificó como “una dura prueba” las decisiones que el principal accionista, el Ministerio de Telecomunicaciones, debía tomar en relación a conformar un nuevo medio.
“Con un proceso consolidado (que incluye una necesaria Ley de Comunicación), los medios públicos deben ser administrados y dirigidos por la sociedad”.
Se pregunta ¿cuál creen que es la casa de un medio público? Esto a propósito de los comentarios de “que las cosas malas se lavan en casa” y que no es malo discrepar.
Montoya fue el primero en oponerse públicamente a la intención del Régimen de sacar un nuevo diario, con la infraestructura de El Telégrafo. Dijo que ya hay un equipo de 10 personas a cargo del proyecto, a pesar de que el Directorio no lo había aprobado.
Ayer, él no participó en la Junta de Accionistas, pues estuvo fuera del diario toda la mañana.
En la edición de ayer, en la página 9, también se publicó una carta de la Redacción, que tiene el respaldo y fue pagado por 63 firmantes, como señala el aviso.
“Somos profesionales que, aunque podríamos trabajar en otra empresa, decidimos hacerlo aquí porque creemos en el proyecto inicial de un medio público”.
La reflexión de los periodistas, fotógrafos, diseñadores y editores se da también por el nuevo diario. “Se piensa implementar, amparado por El Telégrafo, por ahora con el mismo presupuesto, y presumiblemente con los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público”.
Mientras, en la página 11 hay una carta de los columnistas. “Cualquier decisión o iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de promoción y difusión del gobierno de turno supondría un retroceso”.