El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) instaló este 24 de marzo una sesión plenaria para tratar el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld por presunta violencia política.
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La audiencia estaba prevista inicialmente para el 21 de marzo. Sin embargo, fue pospuesta tras la solicitud de los jueces para contar con más tiempo en el análisis del proyecto de sentencia. Ese mismo día se registró una falsa alarma de bomba en las instalaciones del TCE.
El juez Guillermo Ortega resolvió en primera instancia a favor de la denunciante. En esa decisión se incluyó una sanción económica de USD 14.100 y la pérdida de los derechos políticos de Abad.
La sesión convocada para el 24 de marzo se desarrolló en formato virtual. La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, y los jueces Joaquín Viteri, Fernando Muñoz y Ángel Torres estuvieron presentes en el pleno. El juez Richard González participó de manera telemática.
Verónica Abad rechaza el proceso en su contra en el TCE
Horas antes de la sesión, la vicepresidenta Verónica Abad se pronunció en su cuenta de X. En su publicación señaló: “Si me retiran los derechos políticos, estos no son retroactivos. Este cargo fue dado por los ecuatorianos en el 2023, a ver si nos ponemos serios algunos medios de comunicación y juristas”.
Abad aseguró que la suspensión de derechos políticos “no equivale a destituir” y que una sanción del TCE “no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta”. Añadió que el TCE no tiene competencia para cesar a una autoridad electa por voto popular, ya que esa facultad está reservada a la Asamblea Nacional mediante juicio político.
También afirmó que su cargo fue conferido en las urnas “para cumplir mi función natural y propia que es reemplazar al presidente en su ausencia”.
Negada la apelación presentado por Verónica Abad en el TCE
Con tres votos a favor, el pleno del TCE negó la apelación presentada por la vicepresidenta Verónica Abad y se ratificó la sentencia en su contra por violencia política de género. La denuncia fue presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld.
La resolución implica el pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados 14 100 dólares y la suspensión de los derechos políticos de Abad por un período de dos años.
