El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificó y ratificó este martes 25 de marzo de 2025 que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, perderá sus derechos de participación por dos años.
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Esta resolución responde a una denuncia de violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. El proceso culminó tras agotarse los recursos ordinarios dentro del sistema electoral.
Fue el lunes 24 de marzo de 2025, alrededor de las 13:00, cuando el pleno del TCE suscribió el fallo. En esta resolución se rechazó el recurso de apelación que la defensa de Abad interpuso contra una decisión previa del juez electoral Guillermo Ortega.
En esa primera sentencia, Ortega declaró que la vicepresidenta incurrió en actos de violencia política de género, de acuerdo con el Código de la Democracia. La resolución fue adoptada por mayoría de votos dentro del máximo órgano de justicia electoral.
Multa económica y disculpas públicas entre las sanciones a Verónica Abad
Como parte de las sanciones impuestas, Verónica Abad deberá ofrecer una disculpa pública a través de un medio de comunicación nacional. Esta medida busca reparar, en parte, los efectos de sus declaraciones hacia la canciller Sommerfeld.
Además, se estableció el pago de una multa económica equivalente a 30 salarios básicos unificados, equivalentes a 14 100 dólares. La sanción también implica la suspensión de su derecho a participar en procesos electorales y ocupar cargos públicos.
Debido a esta suspensión, Abad no podría ejercer su cargo como vicepresidenta, al que accedió junto al presidente Daniel Noboa en las elecciones anticipadas de 2023. La inhabilitación será comunicada al Ministerio del Trabajo para su registro oficial.
También se notificará a otras funciones del Estado, incluida la Presidencia de la República. El fallo, aunque definitivo, aún permite la presentación de recursos horizontales, que no modifican el fondo del dictamen.
Recursos adicionales y próximos pasos en el proceso
Tanto la defensa de Verónica Abad como la de Gabriela Sommerfeld tienen la posibilidad de presentar pedidos de aclaración o ampliación. Estos recursos deben ser interpuestos en un plazo de tres días hábiles tras la notificación oficial.
En caso de ser ingresados, el pleno del TCE dispone de dos días para su análisis y resolución. Aunque estos mecanismos no cambian la sentencia, sí permiten precisar aspectos del fallo.
Una vez superado este proceso, el Tribunal procederá con las notificaciones correspondientes. El Ministerio del Trabajo será el encargado de registrar la inhabilidad de Abad para ejercer funciones públicas.
De igual forma, se informará a las instituciones pertinentes, como la Presidencia. Actualmente, Abad se encuentra en Turquía, donde cumple funciones como encargada de negocios en Ankara por designación del Daniel Noboa. De concretarse la ejecución del fallo, deberá regresar al país para enfrentar sus efectos.
Resolución de la sentencia de Verónica Abad
El Tribunal subraya que esta forma de violencia no solo ocurre en relaciones hombre-mujer, sino que también puede darse entre mujeres.
Esto es importante porque visibiliza una problemática muchas veces invisibilizada: cuando una mujer en el poder utiliza discursos o acciones que reproducen estereotipos y patrones sexistas contra otra mujer. Esta reflexión marca un precedente en el tratamiento jurídico de la violencia simbólica y política en el Ecuador.
El Tribunal aclara que la suspensión de derechos de participación no equivale a una destitución del cargo, ya que esa es una figura con un régimen constitucional distinto. Esto despeja dudas sobre una posible inconstitucionalidad y reafirma la competencia del Tribunal para imponer sanciones en el ámbito electoral, incluso a altos funcionarios como la vicepresidenta.
Si bien la vicepresidenta no pierde automáticamente el cargo, la suspensión de sus derechos políticos por dos años limita sus aspiraciones electorales futuras y envía un mensaje institucional sobre los límites del discurso público en contextos de poder.
La sentencia resalta que incluso las más altas dignidades del Estado deben responder por actos que afecten los derechos políticos y la igualdad de género.
