Ángel Torres y Arturo Cabrera, jueces del TCE, junto a Diana Atamaint, titular del CNE. Foto: Archivo EL COMERCIO
Los dos organismos de la Función Electoral operan a ritmos distintos. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya aprobó el reglamento para aplicar las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde el 3 de febrero. Los magistrados esperan que ese articulado vaya el Registro Oficial en el transcurso de esta semana.
En el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cambio, no se destraban las diferencias entre las autoridades. Además, el ente tiene el tiempo en su contra, pues faltan menos de 11 meses para los comicios presidenciales, legislativos y de parlamentarios andinos, que se efectuarán el 7 de febrero del 2021.
Las discrepancias han salido a la luz, sobre todo, en el momento de aprobar resoluciones en sesiones del Pleno. Con el voto de la titular del organismo, Diana Atamaint, y de los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, se adoptaron decisiones cuestionadas por el bloque de minoría, integrado por el vicepresidente, Enrique Pita, y el vocal Luis Verdesoto.
La semana anterior, la resolución sobre la asignación del Fondo Partidario Permanente del 2019 para siete organizaciones políticas, que ascendía a USD 4,1 millones, quedó anulada, por decisión del TCE.
La medida se adoptó ante un recurso interpuesto por Fuerza Compromiso Social (FCS), tienda que cobija al correísmo.
Los jueces electorales resolvieron dejar sin efecto la asignación, pues aceptaron la apelación interpuesta por Vanessa Freire, presidenta de FCS. La defensa del movimiento argumentó que la resolución del CNE no contenía una motivación adecuada, y vulneraba principios constitucionales.
Hasta el momento, el Tribunal ha revertido 23 resoluciones aprobadas por el CNE, debido a la falta de motivación, según el portal web de causas.
Para el vicepresidente, Enrique Pita, este último llamado de atención “deja mucho que desear respecto de la eficiencia en la gestión” del organismo.
Con la sentencia del TCE se anulan las asignaciones aprobadas para el Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano, Pachakutik, Creo, SUMA y Alianza País.
También se establece que se notifique a los 24 partidos y movimientos nacionales los resultados que obtuvieron en los últimos procesos eleccionarios, antes de efectuar el recálculo para la asignación.
A pesar de que Pita dijo que no ha podido corroborar si los valores del Fondo ya fueron transferidos a las organizaciones políticas, Pascual del Cioppo, director del Partido Social Cristiano (PSC), confirmó que ya recibieron el dinero.
Aunque el nuevo monto aún no se ha definido, el dirigente cree que la reasignación no afectará a la tienda socialcristiana. Según la resolución que quedó anulada, el PSC debía recibir USD 861 401.
El TCE también pide al CNE hacer cumplir la Constitución y el Código de la Democracia, en donde se establece que los movimientos que han logrado más del 5% de votos válidos, en dos elecciones consecutivas, deben iniciar su trámite para convertirse en partidos.
Desde que entró en vigencia el Código de la Democracia, en el 2009, las diferentes administraciones del CNE no han aplicado esta disposición.
Diana Atamaint, titular del CNE, dijo que “cumplirán las recomendaciones” del Tribunal. Pero explicó que ingresaron una solicitud de aclaración y ampliación de la sentencia.
Esta no es la única decisión relevante dada de baja. A finales de diciembre, el TCE declaró la nulidad de toda la resolución con la que se canceló del Registro de Organizaciones Políticas a 46 movimientos y un partido. En consecuencia, esas tiendas “resucitaron” y volvieron a constar en el sistema. Además, se establecieron subreglas para aclarar el procedimiento de cancelación.
Ángel Torres, juez del TCE, explicó que las subreglas para la cancelación de movimientos políticos sentaron un precedente jurídico. Recordó que las sentencias del Tribunal son de cumplimiento obligatorio.
Los magistrados también han impuesto sanciones y llamados de atención a los consejeros de mayoría del CNE. En julio pasado, Atamaint, Cabrera y Acero fueron sancionados con una multa de 20 sueldos básicos del 2019 (USD 7 880).
La sanción fue impuesta, luego de que el Pleno anulara la reinstalación de la sesión de escrutinio del 5 de abril del 2019 de la Junta Electoral de Los Ríos, como parte de los comicios seccionales. El Tribunal dejó sin efecto esa decisión.
Durante el 2019, el TCE recibió 965 causas. De ellas, se resolvieron 901, informó el ente.
Según Atamaint, el martes sesionará el CNE para aprobar el calendario y presupuesto de los comicios del 2021.