Ayer, el coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, se jugó su última carta ante la justicia.
Sin embargo, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Merck Benavides, Johnny Aylluardo, y la conjueza Aída Palacios, ratificaron la condena de tres años de prisión, que se le impuso en dos instancias anteriores. Según la sentencia, no se encontraron argumentos para desechar los fallos dictados previamente.
Su abogado Víctor Hugo Cevallos, luego de conocer la resolución, anunció que intentarán acceder a la rebaja de penas, porque ya lleva 18 meses detenido. Además, señaló que analizarán con su defendido y su familia si acuden ante la Corte Constitucional, con un recurso extraordinario de protección. Y como último recurso tienen que acudir ante organismos internacionales para demostrar que se violaron los derechos de su defendido, al haberlo acusado “sin fundamento legal”.
Tapia, antes de ser llevado nuevamente a la prisión, afirmó que tiene la conciencia y el corazón limpios y tranquilos. Y dijo que acepta la “injusta” condena, aunque tiene la esperanza de que se le rebaje la pena y pueda salir de la Cárcel 4, donde permanece.
El oficial llegó a la Corte acompañado de un grupo de guías penitenciarios y de los policías Mario Flores, Patricio Simancas, Francisco Noboa, Carlos Tasinchana y Marco Tibán. Todos fueron acusados de atentar contra la seguridad del Estado, al haber supuestamente evitado que los asambleístas sesionen durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
Ese día se debía tramitar el veto del presidente Rafael Correa a la Ley de Servicio Público, que ocasionó la revuelta policial.
La diligencia estaba convocada para las 11:30 pero empezó con casi 20 minutos de retraso. Uno a uno, los abogados de los uniformados expusieron sus argumentos para explicar por qué consideraban que se había violado el debido proceso en el caso.
Para Cevallos, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, que dictó la condena, estuvo mal integrado. Pues el juez ocasional Xavier Andrade, no estaba en la lista de los conjueces elegibles del Consejo de la Judicatura, lo que para el abogado representa una violación a la ley.
Asimismo, el abogado de Marco Tibán, hermano de la asambleísta Lourdes Tibán, Luis López, señaló que la Fiscalía se basó en videos de los medios de comunicación sin que haya sido efectivo el “reconocimiento” de los rostros de los uniformados.
A esto, el fiscal general, Galo Chiriboga, señaló que las imágenes que se usaron para identificar al uniformado, pertenecían a medios de comunicación privados, “que no son aliados del Gobierno”, manifestó.
Asimismo, los defensores de los otros policías cuestionaron el trabajo de laFiscalía y aclararon que los asambleístas sí pudieron sesionar el 30-S, sino que la entonces presidenta de la Asamblea, Irina Cabezas (AP) suspendió la reunión por “falta de garantías”.
Incluso Cevallos presentó como evidencia todos los registros de ingreso de los funcionarios legislativos y de los asambleístas que estuvieron en la Asamblea el 30-S.
La diligencia duró más de cuatro horas. Los jueces deliberaron por una hora y media. Luego, esperaron que el Fiscal regrese de la otra diligencia a la que asistió y luego dictaron su resolución. Ellos ratificaron lo actuado por el Tribunal Segundo, solo modificaron la pena de Tibán, Noboa y Tasinchana, de un año a nueve meses de prisión.
Otros procesos pendientes
La revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 dejó más de 40 policías y una decena de civiles enjuiciados.
Uno de los casos que todavía no se ha resuelto es el que se inició en contra del mayor (r) Fidel Araujo. Él fue acusado por la Fiscalía de supuesta incitación a la rebelión durante la revuelta.
El Tribunal Cuarto de Garantías Penales lo absolvió, pero cuando pasó, en apelación ante la Corte de Pichincha, los jueces resolvieron desechar lo actuado, porque la diligencia en la cual se dictó sentencia fue pública.
La defensa del militar retirado pidió la revocatoria de esta decisión y fue negada. Luego se solicitó la ampliación y aclaración, pero hasta el momento no han sido tramitadas. La resolución de la Corte establecía que el caso debía regresar nuevamente al Tribunal Cuarto, para que se vuelva a tramitar el caso.
Asimismo, la Primera Sala Penal de la Corte de Pichincha tiene que resolver el caso por supuesta destrucción de bienes públicos, por la toma del canal estatal Ecuador TV.
Este proceso se inició en contra de 13 personas, quienes fueron encontradas culpables del delito. Ellas apelaron y están a la espera de su resolución.
La cronología
30 /09/2010
Un grupo de policías se insubordinó en el Regimiento Quito en contra de la Ley de Servicio Público. La Escolta Legislativa, perteneciente a esa rama, se hizo eco del descontento.
07/10/2010
Rolando Tapia y otros 57 policías fueron detenidos por los hechos del 30-S. A la Escolta Legislativa se le acusó de haber impedido la reunión de los asambleístas.
28/06/2011
El Tribunal II de Garantías Penales de Pichincha condenó a Rolando Tapia a tres años de prisión por el delito de atentar contra la seguridad del Estado. Fue en una audiencia de dos días.
30/06/2011
El presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos, suspendió a los jueces del Tribunal II. Pero ellos no recibieron la notificación y pusieron en firme la sentencia contra Tapia y cinco escoltas legislativos más.