Vicepresidente Sonnenholzner califica como 'detestable' a la corrupción en contrataciones de emergencia
Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuador. Foto: Vicepresidencia de Ecuador
La madrugada de este miércoles, 3 de junio del 2020, la Fiscalía General del Estado ejecutó 37 allanamientos, por tres casos distintos, relacionados a presuntos delitos vinculados a compras públicas en medio del estado de excepción a causa del coronavirus.
Las diligencias, efectuadas en Quito y Guayaquil, dejaron 37 personas detenidas, entre ellas, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram; el prefecto del Guayas (PSC), Carlos Luis Morales; y el gerente de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), entre otros ciudadanos.
El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció sobre los operativos a través de redes sociales. “Desde el inicio de nuestro Gobierno garantizamos que la justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía General del Estado cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos”, manifestó el Mandatario.
Enriquecerse con la tragedia y a costa de los más necesitados no solo es un acto ilegal, sino detestable. ¡Cero tolerancia a la corrupción, que caiga todo el peso de la ley sobre quienes en vez de servir, se llenaron los bolsillos con el dolor ajeno! #NoMásImpunidad
— Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) June 3, 2020
El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, también reaccionó ante los allanamientos y calificó de “detestable” enriquecerse en la tragedia, a costa de los más necesitados. Pidió que se aplique todo el peso de la Ley a los responsables. “Enriquecerse con la tragedia y a costa de los más necesitados no solo es un acto ilegal, sino detestable. ¡Cero tolerancia a la corrupción, que caiga todo el peso de la Ley sobre quienes en vez de servir, se llenaron los bolsillos con el dolor ajeno!”, apuntó el Segundo Mandatario.
Juan Sebastián Roldán, secretario General de Gabinete, recordó en una entrevista desde Guayaquil que el Ejecutivo envió un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se proponen penas de hasta 25 años de prisión, para quienes cometan actos de corrupción en contratos de emergencia. “El Presidente envió una nueva reforma a la Ley para que las personas que roban en emergencia no tengan ningún atenuante y tengan 25 años de prisión, eso es lo que a nosotros nos corresponde como Ejecutivo”, manifestó.
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