La titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida, insiste en que no sucumbirá ante presiones ni el intento de remoción. Este martes 1 de febrero del 2022, una orden judicial de Samborondón suspende, de forma provisional, todos los actos del Pleno de la institución.
Almeida reaccionó ante la moción de removerla del cargo de presidenta del Cpccs, que apoyaron los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.
La funcionaria presentó una acción constitucional de medidas cautelares ante un Juzgado en Samborondón, en contra de cuatro consejeros. Este martes obtuvo respuesta favorable.
“En los últimos días el Cpccs ha sufrido un intento de secuestro por parte de ciertos consejeros. Incluso tienen denuncias por concusión en la designación de autoridades, como es la del Superintendente de Ordenamiento Territorial. Y han puesto su ambición personal sobre los intereses del pueblo ecuatoriano”, afirmó la Presidenta durante una rueda de prensa virtual.
Anteriormente, Bravo argumentó en su moción que la Presidenta suspende sesiones “de forma arbitraria” y se amparó en el numeral 5 del artículo 55, del Código Orgánico Administrativo (COA), sobre el “nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección”.
El intento de remoción es “una medida ilegal a toda costa”, manifestó Almeida.
La decisión de Karly Vargas Alvarado, juez Titular de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, ordena la “suspensión provisional de todos los actos que emita el Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los cuales se pretenda tratar moción y resolución de remoción del cargo de la Presidenta o alguno de los Consejeros de la institución, por no estar dentro de su competencia conforme lo determina la ley”.
La medida cautelar estará vigente “mientras dure la posible afectación del derecho constitucional a la seguridad jurídica amenazado en los términos de la presente resolución”.
El incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado, indica la orden judicial.
Sin embargo, el consejero Ulloa cuestionó la resolución y advierte de dudas en el trámite de Almeida. “La misma Presidenta del Cpccs que nos acusaba de ‘boicot’ por presentar acciones de protección en Quito (sede institucional), ha presentado una en Samborondón (lejos de sede institucional) para evitar su remoción, irrespetando los protocolos”.
Almeida indicó que entre este martes y el miércoles se entregará la denuncia en la Fiscalía en contra de los consejeros de mayoría, por la intención de removerla de su cargo. Este 2 de febrero habrá una comparecencia ante la Asamblea Nacional, agregó.