Sentadas detrás de un letrero que decía ‘declarante’, tres sobrevivientes de la masacre de ‘El Mozote’, en El Salvador, se turnaron para contar su versión. “Desde el cerro veía cuando los sacaban de las casas, los mataban y los quemaban”, contó María del Rosario López a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la audiencia de ayer en Guayaquil.
Esta fue la primera diligencia del 45 periodo extraordinario de sesiones de la Corte IDH, en el Puerto Principal. En cuatro pantallas se reproducía la imagen de López. La madurez de su rostro bronceado contrastaba con el nerviosismo de su voz. Con la cabeza agachada, entre sollozos y sorbos de agua compartía sus recuerdos de la matanza.
“No podíamos salir (del cerro) por miedo de que nos mataran como a mi familia”, dijo la mujer. Ella huyó hacia un cerro con dos sobrinos y su esposo. Permaneció en ese sitio durante seis años; hasta cuando miembros de la Cruz Roja acudieron al lugar.
A las 09:00 de ayer, comenzó la audiencia pública de la supuesta masacre realizada por soldados salvadoreños, entre el 10 y 13 de diciembre de 1981. En el caso conocido como ‘El Mozote’ fallecieron unas 900 personas. Casi 200 de ellas eran de la zona rural que dio nombre al proceso. Las demás eran de los alrededores. 22 muertos eran familiares de López.
Durante la masacre, el país vivía una guerra civil. Tropas supuestamente buscaban miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional cuando mataron centenares de niños, adultos y ancianos. Según un peritaje, casi la mitad eran menores.
Dorima Márquez fue otra de las sobrevivientes. Entre su larga cabellera morena se escondían algunas canas. Perdió dos sobrinos y a cinco familiares de su esposo, entre ellas una embarazada.
Ella recordó que se encerró en su casa y prendió una vela frente a dos estampitas. Los soldados entraron a las villas vecinas; pero no a la suya. “Una niña salió llorando, luego se oyó una ráfaga y ya no lloró más”, declaró frente a los más de 300 asistentes a la audiencia.
Márquez esperó hasta la noche para escapar. “Afuera olía a carne asada, sólo se oían gritos y llantos”, recordó. Ella es parte del 45% de sobrevivientes que regresó al Mozote años después. Según un peritaje psicosocial, los que no retornaron fue por temor a que los hechos de violencia se repitieran.
Cuando les preguntaron si denunciaron los hechos ante la justicia, López y Márquez respondieron no. “Por miedo”, se justificaron. Esta última enfatizó“queremos perdonar pero necesitamos saber a quién, queremos justicia”, cuando se le preguntó sobre cómo se podrían reparar los daños.
Cuando fue el turno del El Salvador de intervenir, aplaudió el “acto de valentía” de las sobrevivientes al declarar ante la Corte IDH. Además aceptó las “graves violaciones de agentes del Estado” y pidió perdón.
El Estado manifestó que estaba dispuesto a aceptar las disposiciones para reparar los daños. Instituir un día nacional para las víctimas, un programa psicosocial de ayuda y soporte para que regresen a sus zonas de origen eran algunas recomendaciones. Aparte se comprometió a reanudar en mayo el registro de víctimas. A las 17:00 finalizó la sesión. Ambas partes deberán entregar sus alegatos por escrito a la CIDH.
Hoy participan en el seminario
Después de la audiencia de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hará una pausa a las diligencias en el Puerto Principal.
Los magistrados asistentes participarán hoy en el Seminario ‘La Jurisprudencia de la Corte IDH: Temas de actualidad’.
A las 16:30 comenzarán las charlas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el norte de la urbe. Las temáticas a tratarse serán: los derechos de los Pueblos Indígenas en la Jurisprudencia de la Corte IDH, el Derecho a la Integridad Personal y el Control de la Convencionalidad.
El seminario será dictado por tres abogados de la Corte IDH: Jorge Calderón, Romina Sijniensky y Ólger González.
Además, la Corte IDH instalará tres audiencias más en el Puerto Principal. Mañana y el jueves sesionarán procesos contra Guatemala. El viernes terminará la agenda en la urbe porteña con un caso contra Honduras.