5 de July de 2012 00:03

La situación jurídica de Abdalá Bucaram es confusa

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El posible regreso de Abdalá Bucaram ante una posible candidatura a la Presidencia de la República abre el debate sobre los alcances y límites del Código de la Democracia.

Esta norma permite la inscripción como candidatos a quienes tienen procesos judiciales abiertos. Pero no aclara qué sucede con los postulantes que tienen órdenes de prisión en su contra, emitidas con anterioridad a su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este es el caso del ex presidente Bucaram, quien tiene abiertos en su contra dos procesos judiciales por supuesto peculado. Sin embargo, estos procesos judiciales están detenidos porque él está asilado en Panamá.

Bucaram, el martes pasado, dijo que sería candidato a la Presidencia de la República, por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), oficialmente inscrito ante el CNE, y que regresaría al país sin tener que afrontar ningún juicio.

Según el legislador opositor Enrique Herrería esta intención es posible, puesto que la Constitución establece que cualquier persona puede ser candidata en las elecciones, salvo quienes tienen sentencias ejecutoriadas.

Además, aclaró que la Carta Magna otorga inmunidad a todos los candidatos, por lo que Abdalá Bucaram no podría ser detenido, a pesar de la orden de prisión que tiene en su contra.

“No se puede legislar individualizando los casos. Cuando se legisló no se pensó en casos personales y la Constitución dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y siempre se debe hacer lo mejor para el reo”, señaló Herrería.

Sin embargo, la legisladora María Paula Romo manifestó que el ex Presidente sí deberá responder ante la justicia por los delitos de los que está acusado. “No creo que hay que valerse de ningún subterfugio legal para escapar de las responsabilidades. Si viene al país, él tiene una orden de prisión que debe ejecutarse y si se inscribe como candidato, Panamá le debe retirar el asilo, por lo que no tendría inmunidad”, manifestó.

No obstante, el artículo 108 del Código de la Democracia establece que los candidatos no podrán ser detenidos ni tampoco se les podrá iniciar un proceso judicial en su contra.

Por ello, el asambleísta Paco Moncayo, quien fue jefe del Comando Conjunto de las FF.AA, cuando cayó Bucaram, dijo que las autoridades electorales deberán dirimir y establecer los mecanismos para la inscripción y calificación de las candidaturas a las distintas dignidades de elección popular. “El imperio de la ley está sobre la voluntad de cualquier persona. Hay que observar qué dice la ley y luego el Consejo Electoral que debe calificar las candidatura”, puntualizó Moncayo.

En el CNE ningún consejero ha querido pronunciarse al respecto. Ellos viajaron ayer a Loja y el lunes próximo retomarán el trabajo en sus despachos en Quito.

Aunque se conoció que los vocales del Consejo Nacional Electoral elaborarán un reglamento que defina los límites en la inscripción y calificación de las candidaturas y de las alianzas. En ese sentido, la participación de Bucaram, en los comicios de febrero próximos dependerá de cómo se conciba ese reglamento.

“La ley es clara pero mucho más clara es la historia del Ecuador y la memoria de los ecuatorianos”, señaló Romo.

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