El crecimiento del presupuesto para la salud, en el último sexenio, que pasó de USD 535 millones, en 2006 a USD 1 700 millones, en 2012, es una de las pocas estadísticas que comparten los funcionarios del Ministerio de Salud. Sin embargo, ninguno de los tres ministros del período de Rafael Correa ha hecho un balance integral de la gestión sanitaria ni de dónde y cómo se ha invertido esa millonaria suma.
Los salubristas consultados coinciden en que esa suma de dinero habría sido suficiente para mejorar la atención primaria de salud en casi seis años, pero la Cartera de Estado se ha concentrado más en la atención hospitalaria, donde tampoco hay suficientes indicadores que reflejen un éxito total en esta política. Todavía no se ha alcanzado el estándar de tener entre 2,5 y 4 camas por cada 1 000 habitantes, que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El inventario del país es de 780 establecimientos, entre hospitales básicos y especializados. El número de camas por cada 1 000 habitantes es de 1,7.
Dentro de esta cifra, el sector público solo posee el 24% de la infraestructura hospitalaria instalada. Es decir, 185 establecimientos. Las entidades con y sin fines de lucro administran el 76% restante, según datos del INEC.
Para Fernando Sacoto, médico salubrista, la gran deuda en salud es la falta de un sistema nacional. “No ha habido voluntad política para el cambio, se ha visto una serie de medidas, pero no una acción coordinada de todos los actores para resolver el problema de la fragmentación de la salud”.
No hay una cobertura del 100% en salud pública. El Ministerio del ramo atiende a un 40% de los ecuatorianos y otro 40% está cubierto por el Seguro Social, los institutos de Seguridad Social de la Policía y las Fuerzas Armadas, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y los seguros privados. Esto deja un 20% sin asistencia, según el Foro de Salud Pública.
Mauricio Espinel, representante de este foro que surgió el año pasado, explica que persisten las barreras geográficas, económicas y culturales. “A pesar de que hay la política de la gratuidad (consagrada en la Constitución de Montecristi), persisten las carencias. Si faltan los medicamentos y no puedes comprar la receta, entonces no accedes a la atención integral, o si estás lejos de un subcentro y no tienes medios para llegar, tampoco recibes atención”.
Otro logro que revela el Ministerio de Salud es haber pasado de 16,2 millones de atenciones a 34,4 millones en los últimos seis años. Pero para Espinel, hablar de la atención a la enfermedad es un error. “El éxito en salud pública es que haya políticas de prevención y promoción de la salud”.
La Cartera de Salud no revela el rubro dedicado a este particular. La ministra Carina Vance, desde su nombramiento, en agosto, se niega a dar entrevistas por orden gubernamental. A cambio ha realizado dos conversatorios . En el primero habló de la llegada de más de 150 especialistas cubanos y del rubro destinado a medicamentos. En el segundo anunció la apertura de ocho hospitales y la construcción de otros 16.
Todo se reduce a anuncios para atender la demanda hospitalaria. Édison Aguilar, director del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, advierte de la falta de planificación para atender la demanda generada por la gratuidad. “Si yo calculo que la demanda va a aumentar también debo preguntarme si tengo la capacidad para responder. Eso no sucedió y vinieron las declaratorias de emergencia”.
Este mecanismo se aplica cuando alguna unidad sobrepasa su capacidad y reporta problemas. Un último caso es el colapso en la Maternidad Virgen de la Buena Esperanza, en Esmeraldas, que desde hace 11 meses atiende los partos porque el Hospital Delfina Torres de Concha está en obras.
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