Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llegó al país. Su objetivo: evaluar la libertad de prensa y expresión en el Ecuador, en medio de la discusión de la Ley de Comunicación y el endurecimiento del Gobierno frente a los medios privados, expresado en juicios y demandas.
Ayer el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, indicó que durante sus dos días de estancia en Quito mantendrá reuniones con los asambleístas, tanto del oficialismo como de la oposición. De igual manera tendrá contacto con periodistas de medios oficiales y públicos.
Esas reuniones servirán de insumo a la misión para elaborar un informe sobre el estado de las libertades de expresión, así como de la defensa al acceso de información dentro del país.
Aunque no quiso adelantar las conclusiones del informe, Marroquín destacó que hay preocupación por el acoso judicial que el Gobierno ha ejercido contra periodistas y medios, como el juicio a El Universo (nota inferior).
Indicó, además, que la organización teme que la Ley de Comunicación sea restrictiva. Y que recaiga sobre el Régimen la potestad de resolver “qué se informa y qué no al pueblo ecuatoriano”.
La misión aterrizó en Quito sin la certeza de poder reunirse con el presidente Rafael Correa, como era su intención. De hecho, señaló que ningún funcionario del Régimen ha manifestado el interés de un encuentro, pese a las gestiones que la SIP ha realizado ante la Presidencia. “El diálogo es la vía para solucionar las diferencias entre los sectores y las personas”.
La falta de una respuesta clara del Gobierno demuestra los “niveles de intolerancia” a los que se ha llegado en el país, indicó Marroquín. De hecho, hasta ayer, no existía una sola posición de Carondelet sobre si habrá o no la reunión con la misión de la SIP.
El sábado, el presidente Correa dijo que la delegación del organismo pidió audiencia y que se la concederá. Eso sí, advirtió que la reunión no sería con él sino con alguno de sus colaboradores.
Sin embargo, la tarde de ayer, esa puerta de diálogo pareció cerrarse, con un pronunciamiento de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia.
En una carta abierta a la SIP, sostuvo que si el organismo quiere mantener una audiencia con el presidente Rafael Correa, “primero debería presentar sus disculpas y respetos al país” y al propio Primer Mandatario.
Según la agencia pública Andes, Alvarado solicitó las disculpas de Marroquín, por sus declaraciones del 10 de junio pasado. Por entonces, el principal de la SIP señaló que el Gobierno mantiene una actitud intolerante.
“¿Cómo la SIP, que en reiteradas ocasiones ha señalado la supuesta existencia de amenazas a las libertades en Ecuador, intenta por todos los frentes un diálogo con quien llama ‘dictador’ y acaparador ‘de las mieles del poder absoluto’?, se preguntó Alvarado.
Para la tarde de hoy, Marroquín tiene previsto presentar las conclusiones del informe sobre la libertad de expresión en Ecuador.
En su intervención, ratificó que persiste en el Ecuador un ambiente de persecución al pensamiento divergente y a la libertad de medios y ciudadanos.
Estas apreciaciones se sostienen en dos casos notorios y que mayor repercusión han tenido, dijo Marroquín.
El primero, la demanda de Correa -por USD 10 millones- contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, en respuesta a la investigación presentada en el diario Expreso de Guayaquil, que fue publicada en un libro. En ese trabajo se desnudaron los contratos entre el Estado y el hermano del Mandatario, Fabricio. El segundo caso emblemático es la demanda contra El Universo. “Consideramos que esto es parte del acoso. Nos preocupa que se hayan generalizado las amenazas”, concluyó Marroquín.