La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó ayer su visita a Quito, con una conclusión: las libertades de expresión y prensa en el Ecuador están en un proceso de deterioro.
El pronunciamiento de la comisión fue el resultado de dos jornadas de trabajo, que empezaron el domingo. En ellas, los seis delegados de SIP mantuvieron reuniones con periodistas, asambleístas de oposición, el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Corte Constitucional.
“Vemos que hay deterioro en el ejercicio de la libertad de expresión”. Esas fueron las palabras de Gonzalo Marroquín, titular de la SIP, al cerrar su visita al país.
Entre los factores que conducen a esa conclusión está el “acoso” que el Régimen aplica a medios y periodistas independientes, así como el debate y cercana aprobación de la Ley de Comunicación.
La SIP se muestra inquieta por tres casos puntuales que, a su juicio, expresan autoritarismo e intolerancia frente a la labor de la prensa.
Se trata de las demandas que el presidente Correa ha entablado contra diario El Universo y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Asimismo, le inquieta algunos conceptos y figuras que la Asamblea quiere introducir en la Ley de Comunicación.
Este último punto fue abordado con el encuentro con el defensor Fernando Gutiérrez. Si bien coincidieron en que el Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, discreparon sobre el papel que cumplirá el Consejo de Regulación.
La SIP se preocupa por las funciones de ese Consejo, ya que el proyecto de ley plantea que sea integrado por miembros del Gobierno y con facultades para sancionar. De ahí que si se mantienen esos conceptos en la versión definitiva del cuerpo legal, la misión advierte que se convertirá en una ‘ley mordaza’.
En ese contexto, la delegación de la SIP respaldó al comunicado que la Unión Nacional de Periodistas publicó ayer en medios escritos. En su esencia, la carta del gremio señala que las fuerzas legislativas gobiernistas mantienen su deseo de controlar los contenidos de los medios y establecer mecanismos punitivos para amedrentar a los periodistas.
“Cuando se afecta a un medio de comunicación o se aprueba una ley que restringe el derecho a informar, se afecta a la opinión pública y al pueblo”, dijo Marroquín, quien no pudo reunirse ni con el presidente Rafael Correa ni con la Comisión de Comunicación de la Asamblea.
Según Fernando Alvarado, vocero de Carondelet, no era posible conceder una audiencia al principal de la SIP, si antes no pedía una disculpa pública al Jefe de Estado por sus dichos del 10 de junio, en Guayaquil.
Por entonces, Marroquín había expresado su inquietud por las actitudes intolerantes y autoritarias del Régimen, que pueden conducir a un estado dictatorial.
El representante de la SIP lamentó que el Presidente se haya ofendido por sus expresiones, pero aclaró que no cabe una disculpa porque no hay ninguna incorrección en sus opiniones.
Sin embargo, expresó su deseo de que en un futuro cercano pueda mantener un encuentro con el Mandatario, al recordar que el diálogo es el camino para encontrar consensos y coincidencias.
La reunión con la Comisión de Comunicación de la Asamblea tampoco se concretó. Aunque estaba agendada con anticipación, fue cancelada (ver nota compartida).
Una vez que la misión de observación cerró su labor, el Gobierno descalificó sus conclusiones y criterios. Lo hizo a través del vocero Alvarado, quien dijo que los integrantes de la delegación no tienen derecho a “entrometerse” en decisiones soberanas del país. Además, insistió según recogió la prensa oficial, que la condición que el Régimen ponía para que Correa se reuniera con Marroquín era que este último se disculpara por las supuestas declaraciones que habría efectuado en la reunión con empresarios, arriba mencionada.
La presencia de los delegados de la SIP ha sido seguida de cerca por los medios oficiales y a través de ellos, Fernando Alvarado ha insistido con sus críticas contra la misión de este organismo.
Las conclusiones serán recogidas en su informe, que será presentado en su asamblea general de octubre, a realizarse en Lima. Allí, la SIP suele hacer una evaluación de la situación de la prensa en los diferentes países. También hace recomendaciones.