18 de July de 2012 00:01

Silencio en el Gobierno sobre el informe de Amnistía Internacional

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A pesar de que la organización Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno de utilizar a la justicia para “frenar las protestas sociales”, el Régimen todavía no se pronunciará sobre el impacto de esta investigación.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos informó que al momento analiza el contenido del documento, para luego pronunciarse sobre los argumentos que expone la investigadora Tamaryn Nelson, quien lideró la elaboración del documento.

Asimismo, la Secretaría de Pueblos informó que la titular de la Cartera viajaría fuera del país, por lo que no era posible que comente sobre el informe.

No obstante, en anteriores ocasiones, el Ejecutivo ha respondido a las críticas sobre los procesos judiciales iniciados contra dirigentes indígenas y comunitarios, argumentando que la Fiscalía ha cumplido con su deber.

Esto, porque en el Código Penal se establece la figura del terrorismo para castigar el cierre de vías, sea de forma pacífica o no.

En el reporte de AI, se establece que esta norma es exagerada para castigar una protesta, pues el terrorismo es un delito que implica atentar contra la vida de las personas. Bajo esta figura y de supuesto sabotaje, en 18 meses de investigación (2009-2011), se iniciaron procesos judiciales en contra de 24 dirigentes indígenas. La mayoría (16) fue absuelta porque no se encontraron evidencias que sustenten las acusaciones de supuesto sabotaje y terrorismo, por las protestas que grupos de indígenas lideraron por la Ley de Aguas y la Ley Minera.

Además, Nelson señaló que estos procesos promueven el miedo y amedrentan a los ciudadanos para evitar futuras protestas y movilizaciones en “defensa de sus derechos y libertades”.

Sin embargo, esta situación parece no ser exclusiva de Ecuador. Este tema fue el centro del debate del III Congreso Ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que se realizó desde el domingo hasta ayer, en Bogotá, Colombia.

Los indígenas denunciaron a los gobiernos por supuestas afectaciones a los derechos humanos. Entre ellos, aparecieron el caso de Bolivia y Perú por la explotación minera y la contaminación ambiental que produce.

Los indígenas del Valle del Cauca, en Colombia cuestionaron la violencia que se produce en sus territorios por la presencia de guerrilleros, militares y policías.

Sobre Ecuador, los líderes indígenas que participan en la reunión cuestionaron los supuestos atropellos del Ejecutivo a los derechos humanos, por la supuesta persecución política y social.

El domingo en la noche fue elegido como presidente de la mesa directiva de la CAOI, el indígena colombiano Juvenal Arrieta, mientras que la ecuatoriana Rocío Cachimuela, de Ecuarunari, fue elegida vicepresidenta, y como secretario de Comunicaciones, el boliviano Samuel Flores.

Cierre de radios causa temor

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) trasladó ayer al Gobierno ecuatoriano su "seria preocupación" por el cierre de 11 emisoras de radio.

"Hemos encontrado que más de una mitad de las emisoras cerradas había sido crítica con el Gobierno", lamentó  el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, en una carta al superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo Palacios.

El responsable de la organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York dijo que aunque el Gobierno tiene el derecho de regular el espectro radioeléctrico igual tiene la obligación de hacerlo de manera "transparente e imparcial".

Así, tras concluir que en algunas instancias el ente regulador no cumplió el debido proceso garantizado por ley, Simon reiteró su preocupación ante la posibilidad de que las emisoras hayan sido clausuradas "por efectuar críticas sobre las autoridades". Según el CPJ, algunos propietarios  de esas  radios dijeron que fue "en represalia" por criticar al Régimen y denunciaron que las autoridades quieren entregar "muchas de las frecuencias" a nuevas radios comunitarias adeptas al Gobierno.

"Estos cierres reflejan un intento de controlar el flujo informativo, suprimir el disenso y ampliar el número de medios pro-gubernamentales", lamentó Simon en la misiva.

"Lo instamos a permitir que las emisoras vuelvan al aire", concluyó el director ejecutivo.  EFE

HRW: Chávez  acapara poder

La organización  internacional  Human Rights Watch (HRW) presentó ayer un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Como   conclusión estableció que la concentración de poderes es el principal atentado a los derechos de los  ciudadanos.

El informe   documenta cómo la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de DD.HH.  han permitido al gobierno de Hugo Chávez “intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que considera opositores”.

“Hoy en día, el sistema se encuentra firmemente en pie, y los riesgos que enfrentan jueces, periodistas y defensores de derechos humanos nunca han sido tan serios desde que asumió Chávez”, manifestó  José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En el reporte se señalan los ataques a la prensa y las restricciones  a  la libertad de prensa, incluyendo la prohibición de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y le otorgó al organismo de telecomunicaciones  poderes más amplios para sancionar a las emisoras de radio y TV y a los medios electrónicos que las violan.

El Gobierno también ha usado ampliamente sus facultades para emitir cadenas e interrumpir   la  programación  de los medios para transmitir discursos presidenciales y mensajes que destacan políticas del Gobierno.

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