El16 de agosto empezará el receso legislativo. Es decir que, hasta esa fecha, los asambleístas tendrán 20 días, incluidos fines de semana, para tramitar siete proyectos de ley considerados clave.
Se trata de las leyes de Organización Territorial (Cootad), de Educación Superior, de Servicio Público, Cultura, Aguas, Educación General y Comunicación. Son las leyes necesarias para articular la Constitución y, de acuerdo al mandato legal inicial, debieron entrar en vigencia en octubre del 2009. El presidente Fernando Cordero dijo que las tres primeras pudieran someterse a votación antes de la vacancia. “No tienen obstáculos, esperemos que no haya escándalos innecesarios sino el Presidente de la República podrá incluso someterlas a consulta popular”.Paco Moncayo (Alianza Libertad) ha repetido no estar en la oposición, pero tampoco se alinea con la “imposición”. Cree que Cordero “ha perdido los papeles. Si dice que estas leyes pueden ir a consulta (él) renuncia a su función de legislador”.A su juicio, lo mejor es buscar aproximaciones y encontrar textos legales aceptables para expedir las leyes.El jurista Gustavo Medina señala que ante el pedido del Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral debiera llamar a consulta popular sobre los proyectos que sean negados en la Asamblea, con los textos de la Presidencia. Por tanto, no es el mejor procedimiento para legislar en materias complejas y que esto demoraría mucho tiempo. Para Moncayo, el Cootad debe ser votado sin dificultad, incluyendo el articulado sobre circunscripciones territoriales, que Cordero recomendó tratar en otro proyecto de ley. Esto porque recién mañana, el Pleno conocerá en primer debate el proyecto de Ley de Reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el cual se incluiría un reglamento para desarrollar la consulta prelegislativa. El mecanismo constitucional debe aplicarse a comunidades, pueblos y nacionalidades que pudieran ver afectados su derechos en un cuerpo legal. Para Cordero, los proyectos de Ley de Aguas, Cultura y Educación General (intercultural bilingue) también deberán someterse a este proceso. Moncayo, en el caso del Cootad, insiste en que deben validar el trabajo realizado con prefectos, alcaldes y juntas parroquiales, antes de que la Corte Constitucional expida un procedimiento para desarrollar la consulta prelegislativa. No aprueba la muerte cruzada porque tras eliminar a los asambleístas dejaría al Presidente de la República gobernando durante cuatro meses, por decreto y aprobando sin debate las leyes. Gilmar Gutiérrez (PSP) pidió a Rafael Correa y a Cordero no amenazar más con la posibilidad de dar paso a la muerte cruzada. “La consulta popular es un gasto innecesario, los universitarios del país le van a decir que no a Correa. Va a perder”. Afirma que la inacción y la incapacidad de la Asamblea de legislar y fiscalizar hacen que la muerte cruzada sea una opción. Aún no ha analizado si su bancada votará a favor del Cootad. “Aprobamos las leyes del Deporte y Participación Ciudadana y luego vinieron los vetos, no confiamos”.