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El servidor público irá a paro por el veto

El futuro de la Ley de Servicio Público parecía promisorio. Este proyecto legal consiguió 108 votos y solo dos en contra en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Esa cifra se alcanzó con la unión de Alianza País y la oposición. El texto aprobado por la Asamblea también arrancó sonrisas a los servidores públicos, porque sus recomendaciones fueron debatidas y aceptadas. No fue un trabajo fácil, durante ocho meses la Comisión de Derechos Laborales recogió críticas y sugerencias para mejorar el proyecto legal .

Ahora, esa satisfacción se convirtió en descontento. Asambleístas y los servidores públicos están molestos con el veto que presentó el presidente Rafael Correa. Ellos acusaron al Mandatario de asesinar el espíritu de la ley.Miguel García, presidente de los trabajadores públicos, aseguró que Correa pretende terminar con las conquistas que históricamente ha conseguido el gremio. Especialmente, pretende irrespetar el derecho a la jubilación, pues el veto presidencial propone que el retiro sea obligatorio a los 65 años y que también exista una compra acelerada de renuncias.

Además, le indigna la intención de que esas renuncias sean canceladas con bonos del Estado y que sus montos hayan sido reducidos notablemente del proyecto aprobado por la Asamblea.

Para el legislador del MPD, Línder Altafuya, el Gobierno quiere sacar de sus cargos a 200 000 funcionarios públicos a escala nacional, con la intención de llenar esas vacantes con sus coidearios.

Otra preocupación dentro del veto es la pérdida de autonomía de algunas entidades públicas. Como sucede con las leyes de Educación Superior y Comunicación, el Gobierno pretende crear un organismo que controle y regule a la burocracia. En este caso es el Ministerio de Trabajo.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Contraloría advierten que esta intención pondrá en riesgo su autonomía histórica. El veto de Correa quiere que el Ministerio se convierta en un ente controlador de todas las funciones del Estado y de organismos de control.

Ante este escenario, la Federación Nacional de Servidores Públicos, que agrupa a aproximadamente 500 000 funcionarios, no quiere dejarse vencer por la propuesta presidencial. El gremio decidió protestar públicamente por el veto, mantenerse alerta y alistar una paralización.

La fecha para esa medida de hecho se mantiene en reserva. García sostuvo que se activará en el momento que se percaten que en la Asamblea se alista una “jugarreta para dar paso a la objeción”.

Él cree que los asambleístas tienen en sus manos la ratificación del texto original de la Asamblea, porque sí 108 legisladores aprobaron la norma será fácil obtener los 83 para rechazar el veto.

Ayer, la Comisión de Derechos Laborales terminó el análisis de la propuesta del Ejecutivo. Sus 11 integrantes resolvieron recomendar al Pleno de la Asamblea que se ratifique en 32 artículos, tres disposiciones generales, tres disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Justamente, aquellos incisos donde el Ejecutivo intenta cambiar la ley.

La legisladora y presidenta de la Comisión, Nívea Vélez, está confiada en que la Asamblea se ratifiquen los temas fundamentales “que permitan garantizar la estabilidad de las y los servidores públicos del país”.

Para que su idea se concrete necesitará de Alianza País, pero ese movimiento tomará una resolución luego de la reunión que mantendrá esta tarde con los miembros del buró político.

Los judiciales también apoyan

Los principales dirigentes de los servidores de la Función Judicial del país se reunieron  en Quito. Ellos tenían la intención de analizar cómo les beneficiaría y afectaría el veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público.

En la cita participó el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García. Él explicó a los judiciales los peligros que existen dentro de la propuesta del presidente Rafael Correa, especialmente en la intención de que se paguen las liquidaciones de los funcionarios públicos con bonos del Estado.

Los judiciales resolvieron respaldar a la Federación para que la Asamblea elimine ese cambio que presentó Correa.

Ángel Rubio, presidente de los funcionarios judiciales del país, aseguró que esa intención afectará a todos los trabajadores públicos, por eso estarán atentos a la decisión que tomará la Legislatura. Además, dijo que estarán atentos a que no se afecte su autonomía, como pudiera ocurrir con otras entidades. Los judiciales tienen una ley laboral propia.

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