Sentencian a un año de prisión a empleados de Universidad de Chimborazo por 30-S

A un año de prisión correccional a cada uno y el pago de USD 40 de multa sentenció el Tribunal Segundo de Lo Penal de la Corte de Justicia a Lola Maldonado, Aníbal Oleas, Elías Yépez y Luis Carvajal Novillo, empleados de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach).

Ellos fueron procesados por el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado durante la sublevación policial del pasado 30 de septiembre en Riobamba. La sentencia fue dictaminada el pasado miércoles 10.

El tribunal les declaró como coautores del delito de invasión a la Gobernación de esta provincia tipificado en el Artículo 155 del Código Penal. Los imputados fueron acusados por el Fiscal, George Sotomayor.

Según él, luego de los hechos del 30 de septiembre, el Fiscal Subrogante dispuso las investigaciones de esos acontecimientos en todo el país.

Por eso se inició la indagación previa, etapa en la que al momento se encuentran 20 policías que intervinieron en los sucesos.

En cambio los cuatro funcionarios que fueron identificados durante la toma del edificio de la Gobernación de Chimborazo están sentenciados, de acuerdo a la Ley.

Eso ocurrió durante la protesta de empleados, trabajadores y estudiantes de la Unach en contra de la Ley de Educación. "Los testigos dijeron lo sucedido durante la declaración y la instrucción fiscal. Con eso quedaron en evidencia los acontecimientos".

Asimismo, la perita estableció que hubo daños en el interior del edificio. Se rompieron una lámpara, un buzón de sugerencias y se pintó un grafiti. "Fuimos objetivos en el proceso, se presentaron todas las pruebas necesarias, judicializamos los documentos, probamos la teoría del caso y el tribunal emitió sentencia condenatoria", indicó Sotomayor.

En tanto, Luis Carvajal Novillo, ex intendente de Policía en el actual Régimen e imputado en la causa, dijo que en todo septiembre del 2010 se mantuvieron en protestas por la Ley de Educación Superior. "Coincidió con la revuelta policial y en eso nada tenemos que ver".

Para Carvajal Novillo, cuando llegaron al edificio de la gobernación, el representante del Ejecutivo (e), Édgar Samaniego, les invitó a pasar. Nunca se dio una invasión de un edificio público, ni destrucción de los bienes como se indicó. "Es una persecución política. Es una represalia a los actos de corrupción denunciados durante el ejercicio de mis funciones como Intendente de Policía".

Dijo que apelará a todas las instancias posibles y acudirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Me hacen un daño en lo personal, profesional y familiar".

Entre tanto, Carlos Castro, gobernador de Chimborazo, aseguró que está dictaminada la sentencia que se siguió por el proceso de sabotaje y terrorismo. El fiscal que inició la acusación de oficio tomó esa iniciativa. No hubo una denuncia o acusación particular de nadie del Gobierno.

"Las denuncias de Luis Carvajal las hizo hace mucho tiempo. Eso no tiene ninguna relación con la resolución del Tribunal Penal. No hay persecución política".

No obstante Édgar Samaniego, Jefe Político de Riobamba, mencionó que el 30-S actuó como Gobernador (e). Ese día los trabajadores de la Unach comenzaron a reunirse. Pidió que se cierren las puertas para evitar problemas y vigilancia para la integridad de los funcionarios.

Luego comenzaron a golpear y patear las puertas. Por eso solicitó que se abran nuevamente. En la toma hubo gritos en contra del Gobierno y destruyeron algunos bienes del edificio. Y se escribió un grafiti en contra del Régimen. "Intenté dialogar, pero me insultaron. La sanción no es una persecución política, sino está pegada a la Ley".

Carlos Castro, gobernador de Chimborazo, dijo que se investiga a más personas que participaron el 30 de septiembre para que sean sancionadas.