Mientras el Fiscal lamenta las cifras de muertes por sicariato en el país, el Ministro del Interior se empeña en reforzar la tesis oficial de que el meollo no es el aumento de homicidios sino la violencia que se da en algunos delitos. La pregunta inevitable es qué está sucediendo para que responsables del funcionamiento del sistema de prevención, investigación, juzgamiento y sanción del delito funcione se hallen más cómodos en el diagnóstico que en las soluciones.
En función de cuatro de las reformas aprobadas en la consulta, se supone que una salida será que una comisión tripartita arme un sistema judicial eficiente; y que otra salida será endurecer las normas para la prisión preventiva. Máximo en 18 meses, tanto el juzgamiento del delito como el sistema de sanciones operarían de modo aceptable, aunque es evidente que dentro de ese enfoque se deberá pensar en un sistema carcelario que acoja a más sancionados.
Mientras tanto, se debiera montar un sistema de investigación eficaz, y lograr que la Policía se concentre en la prevención del delito, meta que por lo demás no es posible sin la participación real de la sociedad. Todo ello demanda acciones concretas de la autoridad, que más bien está dedicada a influir en las decisiones judiciales y anuncia pruebas de una conspiración planificada para derrocar al presidente Correa. No se explica por quééstas no han sido presentadas antes, con lo cual se zanjaría un capítulo que impide incorporar a la Policía a las reformas urgentes para combatir al delito. Pero es mejor seguir diagnosticando.