¿Por qué el Estado brinda seguridad y vehículos a María Alejandra Vicuña?
La exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña, en su llegada a la Fiscalía General en Quito, la mañana de este 7 de enero del 2019
La exvicepresidenta de Ecuador María Alejandra Vicuña asistió a la Fiscalía General del Estado, en Quito, protegida por agentes vestidos de negro y en vehículos del Estado. Ocurrió la mañana de este lunes 7 de enero del 2019, citada para rendir su versión en el llamado caso ‘diezmos’, por el cual renunció a su cargo el pasado 4 de diciembre del 2018.
¿Por qué aún tiene la seguridad de un Vicepresidente de la República? El Decreto Ejecutivo 1396, suscrito en mayo del 2017 por Rafael Correa, es la causa. Antes de abandonar el cargo, Correa dispuso que se mantenga la seguridad estatal para los expresidentes durante un año y para los exvicepresidentes por el lapso de seis meses.
“Es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”, para así “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar”, reza en el Decreto firmado el 3 de mayo del 2017.
En el documento, Correa dispuso que el Servicio de Protección Presidencial proporcione seguridad no solo a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sino también “a sus cónyuges e hijos”.
Vicuña es la tercera beneficiaria. Antes, el Decreto ya se aplicó a favor de Correa y de Glas. El expresidente, incluso, contó con seguridad del Estado ecuatoriano en Ginebra (Europa), hasta donde se desplazó con su familia en julio del 2017, tras entregar el mando a su sucesor, Lenín Moreno, el 24 de mayo de ese año.
Glas, en cambio, cesó en la Vicepresidencia el 3 de enero del 2018, por ausencia, al encontrarse detenido desde el 3 de octubre del 2017 por corrupción en el caso Odebrecht.
La seguridad estatal para Correa finalizó en mayo del 2018, al cumplirse un año desde su salida de Carondelet. La protección estatal para Glas continuó hasta julio del 2018: vehículos estatales pasaban aparcados en el exterior de la cárcel 4 de Quito, en El Condado, donde el exvicepresidente empezó a cumplir su condena por asociación ilícita.
María Alejandra Vicuña, aunque es investigada por la Fiscalía por presunta concusión, aún es protegida por el Servicio de Protección Presidencial (SPP) y mantendrá esta seguridad hasta el próximo 4 de junio del 2019, con base en el Decreto 1396. A finales del 2018, sus excolaboradores Ángel Sagbay y Karla Obando denunciaron a Vicuña por el supuesto cobro ilegal de dinero a cambio de mantenerlos en sus cargos.
Los plazos de protección a los expresidentes y exvicepresidentes “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto", señala el Decreto.
María Alejandra Vicuña presentó su renuncia a la Vicepresidencia un día después de que Moreno la liberara de sus funciones en el Gobierno. El Primer Mandatario explicó, entonces, que tomó esta decisión para que Vicuña “pueda ejercer sin interferencia de ningún tipo su derecho a una legítima defensa”, frente a las acusaciones de cobros indebidos mientras se desempeñaba como asambleísta de Alianza País, el movimiento fundado por Correa.
Ese martes 4 de diciembre del 2018, Vicuña anunció su renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador a través de un video: “El problema es la mala fe, el problema es la ambición (de) quienes buscan que el espacio de la Vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda, que además es militante de un proceso que millones hemos ayudado a construir y a cuestionarlo para ajustarlo y a corregirlo en lo que fue, es y sea necesario”.
María Alejandra Vicuña anunció su renuncia a la Vicepresidencia el 4 de diciembre del 2018.
Vicuña, de 40 años, quien asumió oficialmente la segunda magistratura el 6 de enero del 2018, en reemplazo de Glas, afirmó que la decisión de renunciar fue tomada tras una profunda reflexión. Aseguró que desde que asumió la Vicepresidencia ha sido víctima de ataques, calumnias e infamias “de la peor calaña”.
Este 7 de enero, Vicuña asistió a la Fiscalía para rendir su versión sobre el caso ‘diezmos’. Miembros del Servicio de Protección Presidencial escoltaron a la exvicepresidenta, quien reside en Guayaquil, al ingreso de la Fiscalía y a su salida de la diligencia. Fue trasladada en un vehículo Toyota del Estado.