La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión ha recibido 1 200 denuncias de supuestos casos de corrupción en su año de vida. De ellas, solo seis fueron resueltas.
El organismo fue creado el 29 de diciembre del 2008, con el Decreto Ejecutivo Nº 1511. Luego fue modificado el 26 de agosto del 2009, mediante otro Decreto que limitó sus funciones.
Al contrario del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, la Secretaría solo puede investigar a instituciones del Ejecutivo, como ministerios, secretarías, y no pueden intervenir en otras funciones del Estado.
Según el secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, esta es la diferencia entre su trabajo y el que realiza el Consejo y la extinta Secretaría Anticorrupción.
Esta última podía indagar en todo el sector público. Uno de los casos fue la denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito en el Ministerio del Deporte. Allí se encontró que asesores y funcionarios del entonces ministro, Raúl Carrión, cobraban coimas para asignar contratos de obras.
En ese momento, el ex secretario Anticorrupción, José Luis Cortázar, dijo que su trabajo era la muestra de que el Gobierno no tolera la corrupción. Ese mismo argumento utiliza hoy el actual Secretario de Transparencia.
Él develó un supuesto peculado del ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, por la contratación de obras, durante la emergencia en Manabí, en el 2008. “Un ex funcionario de nuestro propio Gobierno fue investigado. No tenemos que demostrar a nadie que estamos haciendo un buen trabajo”.
Galo Lara, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sostiene que esto es falso. “El presidente Rafael Correa es el principal cómplice y encubridor de la corrupción. Premia a los funcionarios investigados”.
Según el legislador de Sociedad Patriótica, Óscar Herrera, ex gerente del Seguros Sucre, fue nombrado para la embajada de Corea. Esto ocurrió cuando fue denunciado por supuestas anomalías en el manejo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Ese caso fue entregado el viernes a Roldán.
Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, cree que la lucha contra la corrupción es una deuda con el país. “No hay mecanismos ágiles para esclarecer las denuncias. La corrupción no le compete solo a una entidad, sino a todas”.
Ella presentó un proyecto para que la Asamblea entrara con fuerza en la investigación de todo lo público. Salgado dice que eso no creará un cúmulo de organismos encargados a la investigación, sino que deben ser complementarios y coordinados.
La deuda en la indagación de casos de corrupción es evidente. El Consejo de Participación tiene 3 501 denuncias rezagadas y la Secretaría 1100. De ellas, 652 llegaron en este año.
Una de las justificaciones para el retraso es la falta de personal. Según Roldán, cada investigador tiene alrededor de 30 casos.
Para el ex vocal de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, el trabajo que ha hecho el Gobierno en esta área ha sido insuficiente. “Fue un ofrecimiento de campaña que no se ha tomado en cuenta. No fue una prioridad”.
Por ello, cree que la Secretaría se ha centrado en temas pequeños y no en indagar los grandes contratos del Estado. “El Presidente urgió al Secretario para que dé resultados. Pero son alrededor de temas pequeños, como los casos de Agricultura y nada de contratos grandes”.
No obstante, Roldán dice que se ha avanzando en prevención. A su criterio, lo más importante es evitar los delitos. Por ello, firmaron un acuerdo con el Instituto de Compras Públicas para que un equipo de 20 personas de la Secretaría controle los procesos precontractuales y contractuales superiores a USD 1,5 millones de las entidades del Ejecutivo. Este seguimiento es al azar y permite comprobar que no existan anomalías. Actualmente solo se revisa el 2% de los contratos. Se espera para el próximo año cubrir el 40% de los procesos de licitación.
Roldán espera que en los próximos seis meses se reduzcan de 1100 a 300 denuncias las que hayan sido analizadas. Y adelantó que en las próximas semanas se presentarán nuevos resultados de irregularidades en el sector petrolero y en otras áreas.
Con una baja calificación
La Convención Interamericana de Combate a la Corrupción recomendó a Ecuador cuatro puntos para mejorar su trabajo en esta área. Estas son: la negación de beneficios tributarios, la prevención del soborno, que se tipifique como delito de soborno transnacional y adherirse a la Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales.
A Ecuador se lo ha ubicado entre los países con más altos índices de corrupción en los dos últimos años. Según el último estudio de Transparencia Internacional, Haití, Venezuela, Paraguay y Ecuador son los países donde se presentó más este problema en Latinoamérica.
Esta entidad, cada año mide la corrupción en el sector público con una escala del 1 al 10. En su Índice de Percepción de la Corrupción 2009, el organismo aseguró que de los 31 países de América, 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco; mientras que 21 no llegaron a esa cifra. “Lo que demostraría un serio problema en la región”.
Entre las naciones latinoamericanas mejor calificadas estuvieron: Chile (con 6,7 puntos), Uruguay (6,7) y Costa Rica (5,3). Mientras que entre los países que no lograron superar la puntuación estuvieron Brasil (3,7), Colombia (3,7), Perú (3,7) y México (3,3). En esa relación, Ecuador obtuvo 2,2 puntos.
Las calificaciones bajas de la mayoría de países latinoamericanos “refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, señaló el informe de la entidad.