El lunes pasado, en una rueda de prensa, el canciller Ricardo Patiño pidió a los medios de comunicación que “no traten de localizar” a Freddy Lala, el ecuatoriano que sobrevivió a la matanza en Tamaulipas, México. Su solicitud se basó en motivos de seguridad.
Al día siguiente, en una entrevista en GamaTV, el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, ratificó nuevamente que se debe respetar la privacidad de Lala.Sin embargo, el miércoles en la noche, Carlos Ochoa, director de Noticias de GamaTV, difundió una entrevista del sobreviviente, realizada por la Secretaría de Comunicación. Allí, el ecuatoriano narra su travesía hasta México y cómo luego fue atrapado por un grupo armado, el que mató a 72 emigrantes y dejó dos sobrevivientes (Lala y un hondureño).
Este Diario consultó a Ochoa sobre las razones para difundir la entrevista, pero se negó a dar una declaración. “Yo no doy entrevistas a (Diario) EL COMERCIO”.
Pero el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, manifestó que la entrevista de Lala era “información de uso público, GamaTV consultó si había alguna declaración realizada por el compatriota en el traslado, se le informó que sí, la solicitó y se le fue entregada (….). Tampoco hicimos un aviso público de la existencia de la entrevista, dado que el clima era para mantener prudencia”, explicó Alvarado.
A su criterio, la información no comprometía la seguridad de Lala. Incluso se difuminó su cara. Pues “lo que las autoridades pidieron es que no se lo busque”.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios y defensor del televidente de Ecuavisa, en el caso de Lala lo que debía primar es el sentido de protección a la víctima y, según el derecho internacional, el Estado y sus autoridades están en la obligación de proteger al sobreviviente en toda circunstancia”. Además, dijo que es muy lamentable que el Gobierno pida una veda informativa por la seguridad del chico y sea un medio del Estado el que haya difundido una entrevista, que pudiera poner en peligro su integridad”.
Las imágenes de un video difundido el 30 de agosto por el Gobierno