ANÁLISIS| Los 18 periodistas asesinados en América Latina el último año reflejan el deterioro de la libertad de expresión en un continente gobernado exclusivamente hoy por democracias, dijeron a dpa representantes de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). “Hay impunidad casi total en los 80 casos de muertes y 14 de desapariciones de periodistas de la última decada”, agregó desde París a dpa el encargado del Despacho Américas de RSF, Benoît Hervieu.
La crisis, reflejada también en 121 arrestos y 513 agresiones en 2011, irrumpe además este año con el posible acuerdo interamericano para resituar la labor de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), como propuso Ecuador.
Los ataques a la prensa, cuyos mayores niveles de violencia están centrados en México y Honduras, motivaron ya un descenso de países como Chile, Brasil y Paraguay en el ranking de libertad de expresión mundial, publicado por RSF en Francia.
En Perú y la zona amazónica brasileño colombiana los riesgos para el periodismo provienen en tanto de la corrupción y la criminalidad, según Hervieu.
Algunas cifras impresionan. América Latina, que posee un ocho por ciento de la población mundial, concentra un cuarto de las muertes o agresiones a periodistas en el mundo, cifras sólo comparables con Oriente Medio, epicentro de guerras y la “primavera árabe”.
La situación, ligada a la presencia del crimen organizado y la corrupción política, está asociada a situaciones sociales más amplias, como en México, donde hay 50 000 muertos por violencia en cinco años, según RSF.
En ese marco, gobiernos de izquierda, como Ecuador, o de derecha, como Chile, propusieron los últimos meses iniciativas resistidas por los gremios periodísticos.
En Santiago, en uno de los pocos avances los últimos meses en la región, el gobierno de Sebastián Piñera decidió retirar de la discusión legislativa una polémica norma que autorizaba a la policía a pedir a los periodistas sus archivos sin orden de un tribunal.
Por eso, el vocero del gobierno chileno, el ministro Andrés Chadwick, lamentó con “sorpresa” las críticas a Chile en el informe de RSF, subrayando que en su país están dadas “todas las facilidades para que la prensa nacional y extranjera cumpla sus labores”.
Por su parte, la presidenta mundial de AMARC, María Pía Matta, aseguró a dpa que una de las situaciones más preocupantes es el acuerdo sellado el miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto del sistema interamericano de derechos humanos.
El acuerdo, que para un grupo de 60 ONG debilita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recoge una serie de recomendaciones recogidas durante negociaciones de seis meses que podrían interpretarse como una limitación del papel y financiación de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Sin embargo, países como Canadá y Chile sostuvieron que el acuerdo acepta recomendaciones y que ellas no son vinculantes, como admitió el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Estas aclaraciones, sin embargo, no calmaron a los activistas de derechos humanos, en medio del deterioro general de la libertad de expresión en el continente. “Estamos sumamente preocupados por la posibilidad de que estas recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OEA limiten la eficacia de la tutela regional en su conjunto”, dijo de hecho la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.
Pero hay más. Para la presidenta mundial de AMARC, María Pía Matta, además de los ataques a la prensa, y las recomendaciones al sistema interamericano de derechos humanos, está el problema de la propiedad y organización de los medios de comunicación. “Hay una excesiva concentración de los medios y hay una falta de acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación”, planteó a dpa desde el sur de Chile, en una misión de observación sobre la situación de los medios indígenas en ese país.
En ese marco, enfatizó que existe un problema de intolerancia de los gobiernos de todo signo en el continente. “Esto es muy peligroso”, recalcó, ironizando que las limitaciones a la libertad de opinión parecen unir a gobiernos de izquierda, como Ecuador, Venezuela y Cuba, con otros de derecha como Honduras.