La suspensión temporal de las emisiones de Teleamazonas, aprobada y ejecutada el pasado 22 de diciembre por la Superintendencia de Telecomunicaciones, vulneró nueve derechos constitucionales de esa estación televisiva.
Esa fue la conclusión a la que llegó la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Ayer, esta instancia judicial hizo público su fallo sobre la demanda de acción de protección (recurso de amparo), que interpuso la defensa del canal tras el mencionado cierre. Esta sala recibió el caso, luego de que la jueza octava de la Niñez y Adolescencia, Elena Ortega, negara la acción de protección, el 4 de enero, y que Teleamazonas apelara.
Según los jueces Patricio Arízaga (presidente), Marco Maldonado y el conjuez Jorge Cadena (vocales), con la suspensión a ese medio se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa. Además, los derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad de pensamiento, de comunicación e información; también al principio de legalidad o reserva legal, de jerarquía normativa, al trabajo y a la presunción de inocencia. De esta forma, la providencia de 33 páginas revocó la sentencia inicial de Elena Ortega.
Según el abogado de Teleamazonas, Pablo Ortiz, otro argumento que esgrimieron los jueces es que el dictamen de la Supertel no se basó en la Ley de Radio y Televisión, sino en su reglamento.
La sanción interpuesta por el superintendente, Fabián Jaramillo, se produjo por difundir “una noticia basada en supuestos y que causó grave conmoción social”.
El caso tiene que ver con la noticia difundida por ese medio, el 22 de mayo de 2009, sobre las actividades de exploración de gas en la isla Puná y que, según los pobladores, afectarían a las labores de pesca por un plazo de seis meses.
La Primera Sala de la Corte Provincial también dispuso que la Supertel pague una indemnización por concepto de pérdida o detrimento de los ingresos, que afectaron a Teleamazonas por el cierre de 72 horas.
Ortiz comentó que es necesario que se ejecute la sentencia de la Sala, para luego plantear dos demandas en contra de Jaramillo. La primera será un juicio penal y la otra, por daños y perjuicios.
Según la defensa del canal, Jaramillo emitió su sanción sin respetar los derechos constitucionales.
Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, dijo estar satisfecho con el fallo de la Corte. Desde que se presentó la acción de protección, la estación televisiva barajó de una indemnización. Pero aún no se habla de montos exactos.
“El fallo fue a favor del canal, pero no precisa la cantidad. Lo que dice es que la Superintendencia debe reponernos las pérdidas”.
Jaramillo prefirió no adelantar criterios sobre el pronunciamiento de la Sala. “La sentencia se basa en pareceres de los señores jueces y sobre ellos no realizaré ningún comentario”.
Mientras tanto, el ministro de Telecomunicaciones y presidente del Conatel, Jorge Glas, aseguró que el fallo de la Sala será apelado ante la Corte Constitucional. El alto funcionario no dio más detalles de cómo será el proceso ni de cuándo se iniciará.