Una delegación ministerial de Ecuador debatirá sobre la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo martes en Washington, informó este sábado la cancillería.
El informe señaló que los delegados, entre ellos el canciller Ricardo Patiño, participarán en un “conversatorio” en la CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El ministro expondrá acerca de los principios de la libertad de expresión en Ecuador y las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Rafael Correa para la “democratización de los medios de comunicación”, añadió la cartera en un comunicado.
Patiño estará acompañado de la ministra de Justicia, Johana Pesántez, y el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, así como del procurador del Estado, Diego García, y el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, añadió la nota.
Entretanto, el diario El Universo indicó que también intervendrán representantes suyos y de gremios de periodistas y de rotativos ecuatorianos.
En setiembre pasado, un grupo de congresistas opositores pidió a la CIDH que visite Ecuador para constatar supuestas violaciones a los derechos humanos, en particular la libertad de expresión.
La solicitud fue hecha luego de que una corte ratificara en segunda instancia la condena a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares contra tres directivos y un ex editor de opinión del diario El Universo, en una demanda por injurias calumniosas planteada por Correa, la cual ha sido apelada.
Previamente, la CIDH criticó el fallo, el cual tiene un “efecto intimidatorio y de autocensura”, según precisó.
La condena es “una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia”, señaló el organismo.
En un referéndum votado en mayo último por pedido de Correa, la mayoría de los ecuatorianos aprobó un veto para que los medios de comunicación tengan participación accionaria fuera de su ámbito, y que el Legislativo expida una Ley de Comunicación que cree un consejo para regular la difusión de contenidos y establezca criterios de responsabilidad ulterior.
El presidente mantiene una pugna con un sector de la prensa ecuatoriana al que tilda de “poder fáctico, mediocre y corrupto”, y al que acusa de intentar desestabilizarlo en favor de intereses privados.