La Corte Constitucional puso un freno a las revocatorias de mandato a escala nacional. La decisión fue tomada ayer, en la sesión del Pleno del organismo.
Los nueve vocales se convocaron para decidir sobre el pedido de inconstitucionalidad que presentó Johnny Firmat, secretario de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME). Los alcaldes pretendían que se declarara la ilegalidad de los procesos de revocatoria que se iniciaron desde agosto del año pasado.Desde ese mes, las solicitudes de se multiplicaron. El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió 580 pedidos. Había solicitudes en contra del presidente Rafael Correa, del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero; de prefectos, alcaldes y miembros de la juntas parroquiales.
Los alcaldes siempre se quejaron por la falta de requisitos para que se emprendieran las revocatorias y por eso exigían a la Corte Constitucional que terminara con esos inconvenientes. Ellos argumentaban que sin esas reglas, las solicitudes se convirtieron en un mecanismo de revancha y persecución política.
En el organismo constitucional, el análisis del caso estuvo en manos del juez Manuel Viteri.
Él empezó la sesión defendiendo su trabajo y aseguró que cumplió con todos los procedimientos y plazos legales; pero, sorpresivamente, pidió que se discutiera también el proyecto alternativo elaborado por Francisco Herrera, su colega en la Corte.
El fallo de Viteri aceptaba la inconstitucionalidad por omisión presentada por Firmat, en cambio el segundo, la negaba. A pesar de esa diferencia, las consecuencias eran las mismas: suspender los procesos de revocatoria.
El principal argumento es que la Asamblea Nacional no elaboró el marco legal para regular el recurso constitucional, como lo establecía la Carta Magna.
Con ese argumento sobre la mesa empezó el debate. El vocal Hernando Morales sostuvo que le causaba sorpresa que se pudiera redactar un informe alternativo en pocas horas, porque en la mañana se había entregado el de Viteri. Por ello, dijo que se requería más tiempo para estudiar el proyecto de Herrera y pidió que se incluyeran cambios, pero esos eran de forma y no de fondo.
Nina Pacari dijo que existió una omisión legislativa y que se deberían suspender las revocatorias, pero pidió estudiar lo qué pasó con las autoridades que ya fueron separadas en revocatorias. “No podemos tener disposiciones retroactivas, pero debemos pronunciarnos”, manifestó. Su criterio no tuvo respaldo.
El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, argumentó que el pedido hecho por los alcaldes era vital para el país y que la decisión que tomarían serviría para terminar con el conflicto que había ocasionado, la ausencia de una regulación para las revocatorias. “Esta propuesta no afecta al principio de la revocatoria, participación y control de la ciudadanía”.
Así empezó la votación. El proyecto de Viteri fue rechazado, pero se aceptó el de Herrera.
Los decisión fue mayoritaria, ocho de los nueve jueces de la Corte Constitucional decidieron suspender todas las revocatorias hasta que la Legislatura apruebe las normas que se necesitan para su funcionamiento.
La Asamblea deberá establecer los requisitos y procedimientos para las revocatorias de mandato. La Comisión de Justicia del Legislativo tiene en sus manos un proyecto para cumplir con esa disposición, pero que aún no supera el primer debate.
Pazmiño aclaró que esta medida no afectará a la recolección de firmas que se cumplen para solicitar la salida de varios funcionarios, porque constitucionalmente se considera una revocatoria, en el momento que es calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Actualmente, creo que existen cuatro revocatorias calificadas. No se suspende la recolección de firmas”, explicó.
Pero en la sentencia se ordena que al momento en que la solicitud (las firmas) sea presentada al CNE, el funcionario impugnado podrá demandar la suspensión de la revocatoria amparándose en la resolución y, solo, en caso que no lo haga, seguirá el proceso. “No afectamos el derecho de revocar a los mandantes. La autoridad que quiera poner a consideración su cargo en las urnas podrá hacerlo. Será su decisión”.
Pazmiño usó como ejemplo el proceso que impulsa Carlos Vera para pedir la salida de Correa. “Puede presentar las firmas. Si son calificadas por el Consejo Electoral, el Presidente puede pedir la suspensión; pero si quiere ir a las urnas podrá hacerlo”.