Una ola de revocatorias de mandatos recorre el país. Si bien el presidente Rafael Correa la consideró en algún momento como la posibilidad de ir a una nueva campaña electoral para arrasar con todo, se ha ido sumando a la preocupación de los alcaldes y prefectos, que la sienten como una amenaza real.
Una vez cumplido el plazo legal de un año desde que comenzaron sus mandatos, los procesos de revocatoria recaen sobre 37 de los 219 burgomaestres, sobre todo de Alianza País, que obtuvieron más representaciones. La proporción se repite con los prefectos , y en total hasta ayer los pedidos sumaban 116.
Todos vuelven sus ojos a Montecristi, donde al ‘refundar’ el país la mayoría gobiernista, en un exceso de entusiasmo, creó normas entre las que se cuenta la revocatoria como parte de la supuesta democracia participativa. Otra es la ciudadanía universal, que hoy está en revisión por posibles impactos en la seguridad ciudadana. Otro ejemplo es la declaratoria de plurinacionalidad, que trajo líos en aspectos tan serios como la seguridad interna, los recursos naturales y la justicia.
La Asociación de Municipalidades puso la revocatoria y sus consecuencias entre sus prioridades. Se habla de que las autoridades pertinentes la reglamenten. Pero el problema es que se trata de otro tema que entra en el relativismo político: es buena si la propone y aplica el Gobierno y mala si la propone la oposición. Dado que afecta a los suyos, hoy Correa dice que la mejor revocatoria es la que se da en las urnas cada cuatro años…