Resolución sobre pedidos de juicio político contra el ministro Martínez se aplazó por 15 días

El CAL dijo este 8 de septiembre del 2020 que en dos semanas se reunirá para resolver las solicitudes de juicio político contra Richard Martínez. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

El CAL dijo este 8 de septiembre del 2020 que en dos semanas se reunirá para resolver las solicitudes de juicio político contra Richard Martínez. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

El CAL dijo este 8 de septiembre del 2020 que en dos semanas se reunirá para resolver las solicitudes de juicio político contra Richard Martínez. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

En dos semanas, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) prevé reunirse para resolver sobre las solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por supuesto incumplimiento de funciones.

El vicepresidente del Parlamento, Patricio Donoso (Creo), confirmó este martes 8 de septiembre de 2020 que la decisión responde a que el funcionario se encuentra en el proceso de renegociación de la deuda externa y la búsqueda de créditos para el país.

“Se resolvió aplazar por 15 días máximo, puede ser antes, la calificación del juicio al ministro Martínez, en virtud de que se encuentra en este momento concluyendo la renegociación de la deuda externa”, expresó Donoso.

Añadió que también “hay que pensar que el país requiere que los multilaterales le otorguen estos USD 4 000 millones en este año más de USD 2 000 millones extras; por lo tanto, en forma responsable resolvimos simplemente aplazar no es que se ha negado”.

En contra de Martínez, hay cinco pedidos de juicio político que en el último año fueron presentados por los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Yofre Poma, del correísmo; el socialcristiano Vicente Taiano y los independientes Jimmy Candell y Raúl Tello.

Lo acusan de incumplimiento de funciones en el pago a los jubilados, supuesto manejo negligente de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria privilegiando el pago de la deuda, indebida retención de las asignaciones a los municipios y falta de entrega de recursos al sector educativo.

Entretanto, por unanimidad de sus integrantes presentes (seis), el CAL resolvió hoy calificar los pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz.

En el caso de Romo, se trata del tercer pedido de juicio político que enfrenta en sus dos años como Ministra. Los otros dos se archivaron por falta de sustento. Esta vez, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (exCreo) buscan que sea interpelada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre pasado.

En cambio, a Cruz se lo investigará por el uso de su carné que le otorga un 81% de discapacidad. En los dos casos la Comisión de Fiscalización deberá preparar un informe para una eventual censura y destitución.

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