El vicecanciller Andrés Terán (der.) recibió este lunes a los representantes de la Asociación de Venezolanos en el Ecuador. Foto: Cortesía: Asociación de Venezolanos en Ecuador
El vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció este lunes 21 de enero del 2019, tras el femicidio en Ibarra, que para ingresar al Ecuador se requerirá a todos los venezolanos el certificado de antecedentes penales apostillado.
Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, explicó que el objetivo es no permitir el ingreso de delincuentes. Andrés Michelena, titular de Comunicación, en cambio, aseguró que tienen conocimiento de una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro. “No podemos tolerar que envíe a personas que tienen detenidas en sus cárceles”.
Esta es una medida inédita en el país. Según el Ministerio del Interior, hasta ayer los ciudadanos de países sudamericanos que ingresaban al Ecuador solo debían presentar la cédula o DNI en la frontera.
Daniel Regalado, dirigente de los venezolanos en Ecuador, explica que la medida complicará el ingreso de venezolanos por la tardanza para la recepción del certificado.
El trámite se inicia en la página web del Ministerio del Poder Popular venezolano (MIJP). Los usuarios deben crear una cuenta, confirmar sus datos, solicitar el certificado y esperar la emisión digital. Esto podría tomar hasta dos meses. Regalado advierte que al momento la página no está funcionando para crear usuarios, porque está saturada.
Luego, el solicitante debe pedir una cita para legalizar o apostillar el certificado. También se lo hace en línea. Pero, según la propia web (citaslegalizaciones.mppre.gob.ve), las citas se habilitan solo el 25 de cada mes. Se otorgan 60 mensuales en promedio y el resto del mes no hay disponibilidad.
Una vez que llegue el momento de la cita, el usuario debe imprimir el certificado y acudir al Ministerio para recibir la apostilla. El trámite puede tardar hasta un mes.
Pero el problema real es obtener la cita. El propio MIJP advierte en su web que se debe solicitar el certificado cuando la cita para la legalización esté cerca, sino el documento perderá la validez de seis meses.
Carmen Gómez, docente de Flacso y experta en migración, piensa que solicitar un documento de este tipo no impedirá que ingresen delincuentes al Ecuador, como es la aspiración del Gobierno. Lo que hará es limitar el tránsito de los venezolanos y generará tapones en la frontera, como ocurrió en agosto cuando el Gobierno solicitó pasaportes a los venezolanos.
Esto -añade- recrudecerá la crisis humanitaria del pueblo venezolano así como la emergencia en las poblaciones fronterizas del Ecuador. Carchi (fronteriza con Colombia), El Oro (fronteriza con Perú) y Pichincha fueron declaradas en emergencia en agosto y el estatus correrá hasta fin de mes.
El Ministerio del Interior registró que 954 217 venezolanos ingresaron al país el año pasado y que 799 838 salieron. Por ende, 154 379 se quedaron en el país o no registraron su salida. Con relación al 2017, hubo un incremento del 152%.
Este lunes 21 de enero del 2019, la Fundación de Venezolanos en Ecuador se reunió con el vicecanciller Andrés Terán. Los migrantes solicitaron mesas de diálogo con el Gobierno. El funcionario respondió que ese requisito “no se contrapone con la adecuada protección y promoción de los derechos humanos, los cuales son una prioridad del Estado”.
La embajada de Venezuela en Ecuador, en cambio, anunció la activación de un plan especial de Vuelta a la Patria. Hasta el momento, con este plan ya han regresado más de 300 venezolanos en aviones dotados por su Gobierno.
Esta decisión se da en medio del resquebrajamiento de las relaciones Ecuador-Venezuela. Después de la expulsión de la embajadora venezolana de Quito y de su par ecuatoriana de Caracas, los países no han normalizado sus relaciones.
La Embajada de Venezuela en Quito es dirigida por el encargado de negocios, Pedro Sassone. Mientras en Caracas, Ecuador tiene como su representante a Manuel Caiza, encargado del Archivo.