El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Paúl Granda, se mostró cauto al analizar los alcances del veto del Ejecutivo al Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Él consideró que las condiciones son más claras para los gobiernos autónomos.
¿La AME está satisfecha con el veto realizado por el Ejecutivo al Código?
Estamos haciendo un análisis a profundidad que nos permita llegar a conclusiones certeras. De la revisión inicial existen algunos asuntos que podían ser vetados en mejores condiciones.
¿Cuáles por ejemplo?
Hay una disposición en donde se establece que se entregará a los territorios autónomos descentralizados de Guayas y Manabí el 6% de lo que se recaude en su territorio. El resto de provincias recibirá un valor constante. Nuestra aspiración hubiese sido que de manera equitativa se dé ese 6% a todos.
¿Cuál es el balance al veto?El Código responde a un diálogo y concertación entre los diferentes niveles de Gobierno y la Asamblea. Genera condiciones más claras para los gobiernos autónomos descentralizados.
¿Cómo quedan las asignaciones presupuestarias?
Hay más claridad en la fórmula de cálculo del monto a distribuirse y la fórmula de distribución, que son dos cosas simultáneas, pero independientes.
¿Cómo funciona?
Esa fórmula se aplica para el excedente del monto del 2008, que se respeta por un principio constitucional. Esto genera una capacidad redistributiva, aquellos que recibieron menos tendrán más.
¿Qué opinan de las posibilidades de rifas o loterías?
La norma debe regir para todos. Se debe prohibir a todos y si una norma permite algo, igual.
¿Cómo queda entonces?El Presidente ha encontrado un camino alternativo. Que en el caso de rifas y juegos los municipios o gobiernos autónomos sigan con las competencias. En el caso de las loterías solo los gobiernos regionales las podrán organizar.
¿Es la mejor opción?
Esta es una salida que no tendrá una aplicabilidad en el corto plazo, sino en cuatro o cinco años.
¿Qué ocurre con la opción de revocatoria del mandato?
Estamos dispuestos a un proceso de revocatoria. Lo que decimos es que en un principio debe tener una reglamentación mínima, pensando en circunscripciones pequeñas donde esta herramienta tan importante puede ser usada con fines inadecuados.
¿Apoyan la revocatoria?
La apoyamos como principio, apoyamos la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Pero sí creemos que estos principios, que constituyen la democracia participativa, deben tener una reglamentación adecuada.
¿Cómo queda ese tema con el veto al Código?
No se ha tocado de lo que he revisado del texto. Como acordamos con el Ejecutivo, hay que buscar el mecanismo que permita tener niveles de reglamentación.