La condena a los autores del libro ‘El Gran Hermano’, la segunda que en los últimos siete meses se dicta en Ecuador contra la prensa, tuvo un efecto inmediato en el Sistema Interamericano de DD.HH.
Ayer, la Relatoría Especial de Derechos de la Comisión Interamericana (CIDH) expresó su preocupación por el estado de la libertad de prensa en el país, a raíz de este último episodio.
Lo hizo a través de una comunicación privada a la Cancillería ecuatoriana. Catalina Botero pide información de la sentencia a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro, quienes fueron condenados a pagar USD 1 millón cada uno, por supuestamente haber causado daño moral al presidente Rafael Correa.
El canciller Ricardo Patiño reveló la existencia de esa carta, durante una rueda de prensa sobre el hallazgo de droga en una valija diplomática.
Patiño cuestionó que Botero haya pedido explicaciones de la sentencia contra los autores de ‘El Gran Hermano’, que relata cómo las empresas de Fabricio Correa, hermano del Presidente, suscribieron contratos con el Estado.
Patiño dejó en evidencia su molestia por la “rapidez” con la cual la Relatora de la CIDH actuó en este caso, que ha sido rechazado por organismos mundiales de defensa de la libertad de expresión.
Sin embargo, no ahondó en el contenido de la misiva de Botero.
Esta es la tercera ocasión que la Relatora -duramente criticada por el Gobierno- expresa formalmente sus preocupaciones por la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Antes lo hizo a propósito del juicio a diario El Universo, así como por el contenido del proyecto de ley de Comunicación, que el oficialismo aspira a aprobar en el Congreso.
La comunicación de Botero también coincide con la arremetida que el Gobierno ecuatoriano ha emprendido en su contra, en el seno de la OEA. Específicamente, en el paquete de reformas que incluye limitaciones al financiamiento de esa Relatoría, así como cambios al formato de presentación de su informe anual de atropellos a la prensa en la región.
Estos ataques se iniciaron en octubre pasado, luego de que la CIDH recibiera en su seno a varios periodistas que denunciaron la situación que vive el país en materia de libertad de expresión. Entre ellos estuvieron Calderón y Zurita, ahora condenados.
El Gobierno lanzó una campaña mediática en contra de los periodistas que asistieron a la Comisión. Esto fue mal visto por el organismo internacional, que consideró que se trataba de una “persecución” a los ponentes en la denuncia, lo que viola los estatutos del Sistema Interamericano.
La presidenta de la Comisión, Dina Shelton, pidió al Ejecutivo que frenara los ataques. Y desde el 27 de enero, ella se encarga de las relatorías para el Ecuador. Vigila todo lo que sucede con el país, en materia de DD.HH.
Mientras tanto, Calderón y Zurita apelaron la sentencia de la jueza María Mercedes Portilla, por considerarla “una vergüenza”. Esta solicitud será enviada hoy a la Corte de Justicia de Pichincha, para que la resuelva, según informó la judicial.
Ayer venció el plazo para que las partes presentaran algún recurso sobre la resolución de Portilla. El martes, el presidente Correa dijo que analizaba apelar. “No he leído la sentencia, no he hablado con mis abogados, así que déjenme hablar para ver si nosotros también apelamos para insistir en los USD 5 millones originales (cada uno), de lo cual no me interesa 20 centavos, pero sí la sentencia para que de una vez se acabe en el país la mentira”, manifestó. Finalmente no lo hizo.
La jueza Portilla deberá enviar el proceso a la Corte de Pichincha, para que se resuelva la segunda instancia. Ella, muy molesta, evitó comentar sobre el fallo que emitió y se limitó a aclarar que hizo “su trabajo. En la sentencia está explicado mi punto de vista”.
De otro lado, anoche, el presidente Correa tachó “mentiroso” a su hermano Fabricio, quien el miércoles aseguró que el Mandatario conocía de los contratos de sus empresas con el Estado.
“Ahora la prensa corrupta saca a Fabricio que dice: ‘Rafael sabía todo’. Hace unas semanas decía no tengo contratos con el Estado, ¿se acuerdan? Y sacan a ese mentiroso, solo para hacer daño”.
A juicio de Correa, los autores de ‘El Gran Hermano” le causaron daño moral, por escribir que él conocía de esos contratos.
Otra voz de protesta
Ayer, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) se solidarizó con los periodistas Calderón y Zurita, por la sentencia que los condenó, el martes pasado, al pago de una indemnización millonaria a favor del presidente Rafael Correa.
Además, el gremio señaló que “confía en que los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, ante quienes han apelado, actuarán en estricto apego a la Ley y, en consecuencia, corregirán la sentencia”, expresó la Aedep en un comunicado de prensa.