Los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, y Naciones Unidas, Frank La Rue, manifestaron hoy su “profunda preocupación” por la confirmación de la sentencia a tres años de prisión y 40 millones de dólares contra directivos del diario ecuatoriano El Universo.
Según recordaron en un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció ya hace más de una década que “la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión”.
“No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”, subrayó la CIDH.
Asimismo, entre otros la CIDH recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del organismo destaca que “las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos (leyes de desacato), atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información” y que la protección a la reputación “debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles” en el caso de funcionarios públicos.
Además, agregó, la Relatoría de la ONU “ha expresado que, de acuerdo con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio y de crítica en función de la calidad pública de su cargo”.
La reacción de las relatorías para la Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU se produce después de que el miércoles, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmara la condena a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares contra tres directivos de El Universo en la demanda “por injurias” presentada por el presidente Rafael Correa a raíz de una columna publicada el año pasado por el diario.