A través de la página del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, se hizo público un exhorto de Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre los enfrentamientos violentos entre fuerza pública y manifestantes en Ecuador, durante las últimas dos semanas.
El documento, con fecha de este lunes 24 de agosto del 2015 y publicado en Ginebra, hace un llamado a la calma y al diálogo en Ecuador. “Hago un llamado a todas las partes involucradas a generar un espacio institucional de diálogo en el que se pueda analizar las demandas que originaron la convocatoria del paro nacional, de forma constructiva, en profundidad y de buena fe”, recomienda.
El miércoles 19 de agosto, un grupo que se hizo llamar ‘Las mujeres del levantamiento nacional’ caminó desde el parque del Arbolito hacia las oficinas de la Organización de Naciones Unidas en Quito para entregar una carta en la que solicitaron con urgencia un pronunciamiento de estamentos de derechos humanos, libertad de asociación y pueblos indígenas sobre la situación que se vive en el país.
En la carta, firmada por alrededor de 40 mujeres de organizaciones feministas, sociales, sindicales, indígenas y ambientales, denunciaban una supuesta violación sistemática del Estado ecuatoriano de derechos de asociación, libre asociación, protesta, defensa, debido proceso, autodeterminación, entre otros. También mencionaron detenciones y agresiones a personas como Carlos Pérez Guartambel, Manuela Picq, Salvador Quishpe, entre otros.
Según el comunicado, Tauli-Corpuz recibió información de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, sobre los enfrentamientos a partir del paro nacional en el que se demandan temas como recuperar el control sobre la educación intercultural bilingüe y que se archiven leyes y proyectos de leyes sobre agua, tierra y minería, además del paquete de enmiendas constitucionales que incluyen la reelección indefinida.
“Es fundamental que se lleve a cabo una investigación justa e imparcial de todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares, y que se adopten las medidas necesarias para sancionar a los responsables y otorgar reparaciones a las víctimas”, señaló la Relatora sobre Pueblos Indígenas. También se pide que se respeten las garantías judiciales y el debido proceso para los detenidos, “sobre todo aquellas (personas) que se encuentren en tal situación por haber ejercido su derecho a manifestarse pacíficamente” y agregó que el Gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que constan en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Ecuador forma parte.