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Una reingeniería tecnológica, a cinco meses de los comicios

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una visita que realizó ayer a Guayaquil.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una visita que realizó ayer a Guayaquil.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una visita que realizó ayer a Guayaquil. Foto: Mario Faustos / El Comercio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se enfrenta a dos grandes retos para la organización de los comicios generales del 2021. El primero será evitar fallos en sus sistemas informáticos, como ocurrió en las dos elecciones anteriores. Y el segundo y más importante, precautelar la salud de los ciudadanos debido a la emergencia sanitaria del coronavirus.

La noche del jueves, luego de una enredada sesión plenaria, se aprobó el prepuesto de USD 114,3 millones para llevar a cabo las elecciones presidenciales del próximo año. También se fijó una proyección de USD 20,3 millones para el fondo de promoción electoral.

El presupuesto aprobado supuso una reducción del 21%, con relación a la proforma inicial, presentada en marzo pasado, antes de la pandemia. Dentro del desglose, se prevé gastar USD 10,1 millones en innovación tecnológica.

Ayer, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó en Guayaquil que con esos recursos se acogerán las observaciones a los sistemas informáticos efectuadas por Contraloría, la Comisión de Académicos y organismos internacionales.

El ente electoral destinará USD 2,7 millones para el reforzamiento de la infraestructura tecnológica, que incluye la adquisición de los servidores que, según Atamaint, cumplieron su vida útil para resguardar la información y el procesamiento de resultados.

En febrero pasado, el CNE advirtió que de los 162 servidores para el procesamiento de actas, 158 “están obsoletos”.

También se contratará un centro de datos alterno, se dará soportes a la plataforma de seguridad para evitar ataques internos y externos, entre otros gastos con los que se avanzaría en una “reingeniería” del sistema. “Todos estos rubros son para garantizar que el sistema informático funcionará al 100% y garantizará la transparencia de las próximas elecciones”, mencionó Atamaint.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, votó en contra del presupuesto, argumentando que se pudo haber ahorrado en ciertos rubros. Además, dice que no se presentó un plan general sobre la renovación tecnológica y critica que no se sepa “quién coordina las acciones de las diferentes áreas”.

Cuestiona que no se ha especificado los equipos que se adquirirán y dice que el CNE no alcanzaría a configurar un sistema informático nuevo, sino que se “parchará” el actual.

El experto informático Enrique Mafla, quien brindó asesoría al CNE, pero luego dio un paso al costado, cree que disponer de una alta cantidad de recursos para invertir en tecnología no garantiza que el sistema se optimice.
Mafla dice que para que un sistema como el de publicación de resultados no presente fallas, se requiere de un ejercicio de ingeniería con la máxima prolijidad. “La historia de la calidad de inversión en tecnología que ha hecho el CNE ha sido negativa”, comentó.

Sufragio con covid-19

Dentro del presupuesto, se reservaron USD 2,1 millones para dotar de elementos de bioseguridad a los integrantes de las juntas receptoras del voto (JRV) y a los funcionarios electorales. Atamaint ofreció incluir mascarillas, protectores faciales y alcohol.

Agregó que se acataron las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y del Ministerio de Salud para evitar contagios.

Sin embargo, aún no se conoce si se medirá la temperatura de los electores al ingreso a los recintos, o cómo se procederá si algún ciudadano tiene síntomas y desea sufragar, ya que se comprometería su derecho al voto. Por ahora, el CNE anunció que se contratarán coordinadores de bioseguridad.

La ministra de Gobierno y directora del COE, María Paula Romo, planteó esta semana que se eliminen las multas y el requisito de presentar el certificado de votación en los trámites en el sector público. También citó protocolos para manejar papeletas, esferos, entre otros elementos.

Sin embargo, Atamaint aseguró que no han recibido ninguna propuesta de parte del Ejecutivo y recordó que en el Ecuador existe la obligatoriedad del voto, el cobro de multas y la presentación del comprobante están normados en la Constitución y el Código de la Democracia, por lo que no podrían ser eliminados.

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