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Regulaciones para las revocatorias

Varios criterios se debatieron en la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde se recibió a Omar Simon y Tania Arias, presidentes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, entre otras autoridades.

Los legisladores buscan más elementos para su borrador de reformas a los arts. 25 y 27 de la Ley de Participación Ciudadana y 199 del Código Electoral. El objetivo es regular la revocatoria del mandato para las autoridades de elección popular. El informe para primer debate se entregará hasta el 26 de este mes.

La comisión propone regular el porcentaje de firmas a entregarse y los plazos, según el tipo de gobierno autónomo descentralizado que solicite el trámite. Y en eso coincidieron los convocados, también los legisladores.

Simons coincidió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador en que la revocatoria “puede desestabilziar a la autoridad cuestionada y a la institucionalidad”. Y dijo que le han comentado anécdotas sobre cómo y quiénes impulsan los procesos. Adelantó que analiza pedir la destitución de los miembros de la Corte Constitucional por intentar interferir en sus funciones si trataran de suspender los procesos revocatorios. Esperan la ampliación de la resolución.

Señaló que la revocatoria puede convertirse en un inmovilizador de las autoridades locales, que no adoptarían medidas por temor a perder el cargo.

En el país hay 624 pedidos de formularios o procesos de revocatoria activos en el país, que concluirían entre febrero y marzo. Existen 68 solicitudes formalizadas con firmas de respaldo; siete procesos desarrollados (dos autoridades fueron revocadas), 14 convocados y siete por convocarse; 16 negados y 14 para verificación de firmas.

El consejero Fausto Camacho aclaró que hay 624 formularios solicitados. Pero de un universo de 5 924 autoridades, según le corrigió Virgilio Hernández, presidente de la Comisión.

Camacho cuestionó la idea de la mesa de “prohibir que los potenciales beneficiarios del proceso revocatorio de la autoridad cuestionada intervengan en la campaña”. Y recomendó regular: campañas electorales para revocatorias y consultas populares. Hernández apuntó que buscan regular el proceso, pero no coartar derechos, no aceptan que una comisión califique la admisibilidad de un pedido.

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